Vigencia de sentencia histórica por caso “Curva del Diablo” pende de un hilo

Vigencia de sentencia histórica por caso “Curva del Diablo” pende de un hilo

El día de mañana los abogados defensores de los 51 indígenas y nativos que ya fueron absueltos en Bagua por el juicio “Curva del Diablo” van a dar su informe oral ante la magistrada Doris Pacheco, quien debe emitir un voto dirimente que determinará si se ratifica la sentencia absolutoria, o si el juicio anterior se anula y se tiene que empezar un nuevo proceso.

El abogado del IDL, Juan José Quispe, especifica algunos puntos: “Si hubiera un nuevo juicio se juzgaría a los 51 procesados por tres delitos: disturbios, motín, tenencia ilegal de armas de fuego y entorpecimiento de los servicios público. Con respecto a los otros cuatro delitos de los que se les acusaba, que son los más graves – por ejemplo, homicidio calificado – los cinco magistrados de la Corte Suprema confirmaron la absolución de los indígenas y nativos”.

Se ha llegado a esta situación porque la Procuraduría y el Ministerio Público no quedaron satisfechos con el fallo y pidieron a la Corte Suprema,en 2017, que anule la sentencia. El año pasado se realizó una votación en la sala transitoria de la Corte Suprema, y de cinco magistrados, tres votaron a favor de un juicio oral y dos porque se ratifique la absolución de los inculpados. Pero, como según el reglamento de la Corte Suprema se necesitan cuatro votos para que se expida una resolución, se recurrió al voto dirimente que es el que va a emitir la jueza Pacheco en el transcurso de los próximos 15 días.

“Son 10 años desde que se abrió la investigación en Bagua y la fiscalía no ha recabado pruebas en contra de los procesados. “Estamos ante personas inocentes que ya fueron absueltas. Ninguno de ellos disparó armas ni propiciaron disturbios ni motines”, afirma el abogado. “Hemos sido procesados por defender nuestro territorio y fue una decisión colectiva. Nosotros  ya estábamos logrando una estabilidad social y negociando con el Gobierno, pero esta circunstancia puede traer un retroceso en los acuerdos que hemos logrado”, afirma Héctor Requejo, actual alcalde de Condorcanqui. “Pedimos una reflexión a la magistrada Pacheco en relación al voto que va a emitir”, manifiestan Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo de Jaén y Monseñor Jorge Izaguirre, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, dos voces autorizadas cuyo apoyo económico y logístico a los procesados fue fundamental durante todo el juicio.

Una sentencia que ya había creado jurisprudencia puede ser anulada. Fue histórica porque tomó en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, los aspectos antropológicos, e hizo una ponderación entre un derecho como el libre tránsito y el derecho a defender la vida y optó por este último. Juan José Quispe concluye:” Además, si se anula el juicio se estaría violando el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales, lo que dejaría al país mal parado ante la comunidad internacional”.

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