Un caso que debe archivarse: Juicio contra defensores de derechos humanos por denunciar contaminación en Espinar

Un caso que debe archivarse: Juicio contra defensores de derechos humanos por denunciar contaminación en Espinar

El Poder Judicial inicia el  juicio oral en contra del abogado del IDL Juan Carlos Ruiz y el médico Fernando Osores, quienes desde hace 10 años denuncian que el Ministerio de Salud no atiende a las cientos de personas de Espinar (Cusco), contaminadas por metales pesados y que están envenenadas por sustancias que la Organización Mundial de la Salud reconoce como muy peligrosas. La fiscalía está pidiendo dos años de pena privativa para los dos profesionales y una reparación civil de seis mil soles a favor del Estado.

En Arequipa, en el Primer Juzgado Unipersonal de Cerro Colorado, la jueza Seydel magali Navia Ortega escuchará la acusación de la fiscalía, que sostiene que ambos profesionales son autores del delito de uso de un documento público falso. El 4 de agosto de 2015, ellos publicaron un artículo en el portal “Justicia Viva” titulado “La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas”, en el que comentan la muerte de margarita Cahuana Córdova, pobladora de Huano Huano por un cáncer renal como consecuencia de la intoxicación con cadmio y arsénico. Ellos publicaron el certificado de defunción y el Informe de Ensayo No. 100/10 del Instituto Nacional de Salud.

“La fiscalía de Arequipa sostiene que ese informe es falso porque la señora no estuvo entre las que el INS, a través del Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), fueron examinadas el año 2010, como parte del Estudio Línea de Base en Salud de las comunidades aledañas al proyecto minero Quechua, en siete localidades de la comunidad Huano Huano. El objetivo de este estudio era verificar en los pobladores de ese lugar la existencia de índices de contaminación de minerales pesados como consecuencia de la actividad minera en la zona. Sin embargo, la fiscalía no ha presentado pruebas. No hay una pericia que demuestre que el informe es falso”, sostiene Carlos Rivera, abogado de Ruiz y Osores.

Carlos Rivera precisó que el artículo fue publicado debido a que semanas antes del fallecimiento de la señora Cahuana, sus familiares solicitaron al IDL que les proporciones asesoría legal para ayudarles a reclamar sus derechos. “Fueron los familiares quienes les proporcionan el certificado de defunción y el informe de CENSOPAS”, puntualiza. Lo extraño es que dicho documento es exactamente igual a los otros informes que esa institución entregó a otros pobladores de la comunidad.

Para el IDL se trata de una denuncia que está fabricada para callar y censurar a los defensores de derechos humanos. El MINSA quiere desviar la atención de una situación inaceptable en la que desde hace años se deja morir a peruanos y no se les brinda la atención a la que tienen derecho.

 

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