Se realizará audiencia por peligroso proyecto de Minera Ariana

Se realizará audiencia por peligroso proyecto de Minera Ariana

Luego de que las congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, y el directivo de CooperAcción José de Echave presentaran una acción de amparo en contra de Ministerio de Energía y Minas y la empresa Ariana Operaciones Mineras SAC., el lunes 5 de agosto, en el Sexto Juzgado Constitucional, la jueza Rocío del Pilar Rabines escuchará el Informe Oral de los abogados defensores de ambas partes, quienes tendrán cinco minutos para presentar sus alegatos.

Maritza Quispe, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, ha sido designada como la abogada defensora de los demandantes. Ella solicitará que se declare fundada la demanda y se disponga el cese inmediato de esta amenaza que pone en peligro el abastecimiento de agua en Lima y Callao. En concreto, pedirá que se declare nulo el Estudio de impacto Ambiental de explotación del proyecto, así como dos resoluciones directoriales del MINEM: una que autoriza el inicio de las actividades y el plan de minado, y otra que autoriza a la Minera Ariana que construya una planta de procesos metalúrgicos, un depósito de relaves y otras instalaciones.

“Además, le expondremos a la jueza la necesidad de que ordene la realización de estudios técnicos que permitan determinar si es viable que se realicen actividades mineras en la microcuenca Pucrococha e Iscumachay, ubicadas en la provincia de Yauli, Junín. Nosotros sostenemos que existe la posibilidad de un corte y suspensión de la provisión del agua que consumen 10 millones de habitantes de Lima y el Callao, por la interrupción de la conexión entre las aguas subterráneas y las lagunas que proveen de agua a estas provincias. Además, existe el peligro de que los relaves mineros se filtren en estas lagunas y contaminen el agua”, sostiene la abogada.

Por ello, los demandantes exhortan al Presidente de la República y al Congreso a diseñar e implementar políticas públicas, un marco legal y un reglamento que proteja y garantice el acceso de la población a las fuentes de agua que permiten el abastecimiento del agua potable.

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