¿Se puede protestar? No en Espinar

¿Se puede protestar? No en Espinar

En Espinar, Cusco, la fiscalía ha abierto una investigación preventiva a 280 comuneros de la comunidad de Alto Huarca, zona de influencia de las operaciones que protestaron contra la minera Antapaccay. Ellos responsabilizan a la minera por haber interrumpido el diálogo que venían sosteniendo ante los reclamos medioambientales de las comunidades, y pidieron que el gerente general de Glencore Antapaccay, Carlos Cotera, converse con ellos.

Los pobladores llegaron a las instalaciones de uno de los tajos de la empresa minera Glencore Antapaccay , se instalaron en carpas y organizaron su olla común. La protesta interrumpió la circulación de camiones y otras actividades menores, pero no las operaciones en el tajo.

“Los miembros de las comunidades campesinas están cansados de la contaminación y los incumplimientos por parte de la empresa minera. A pesar que se trató de una protesta pacífica, cinco dirigentes serán investigados por el presunto delito contra la seguridad pública. El Ministerio Público de Espinar no tiene la  intención de entender que existe un derecho a la protesta y que está actuando de manera arbitraria”, afirma Maritza Quispe, abogada del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL .

La Fiscalía de Prevención del Delito y un grupo de efectivos policiales realizaron una inspección. Luego de eso abrieron la investigación contra cinco dirigentes: Víctor Álvarez Chilo, Beatriz Chullo Chilo, Wiber Llave Umasi, Vidal Chullo Coata y Aníbal Chilo, y los que resulten responsables por los presuntos delitos contra la seguridad pública en su modalidad de delitos contra medios de transporte, comunicación y otros. Además, se les está investigando por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y exposición al peligro en agravio a los trabajadores de la empresa.

Maritza Quispe agrega: “Este es el resultado de no escuchar a las poblaciones rurales. Hace mucho tiempo que existen problemas entre las comunidades y la empresa. Está el antecedente de que el Estado no quiere consultar los instrumentos de gestión ambiental, en concreto, la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Coroccohuaycco. Por otro lado, la empresa minera está comprando tierras de las comunidades campesinas y coaccionando a la población con amenazas”.

 

 

 

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