Retroceso en Caso Cuninico por remoción de jueza de Nauta

Retroceso en Caso Cuninico por remoción de jueza de Nauta

En marzo de 2018 la Sala Civil de Loreto confirmó la sentencia definitiva de la jueza Beatriz Velásquez Condori, de Nauta, quien ordenó al Ministerio de Salud y a la Dirección Nacional de Salud – Loreto, diseñar e implementar una política pública de emergencia para atender la salud de las comunidades afectadas por el derrame de 2500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, en el distrito de Urarinas, Loreto.

Esta demanda de amparo había sido presentada tres años antes por las comunidades nativas de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa, con el patrocinio legal del Vicariato de Iquitos  y del IDL,  y con el apoyo de Radio Ucamara, la parroquia Santa Rita de Castilla, y de manera especial, de los sacerdotes Manolo Berjon y Miguel Cadena.

Luego de muchos problemas y demoras, el expediente regresó a la jueza de Nauta para su ejecución. A pedido de las comunidades, ella convocó a una audiencia de seguimiento de ejecución de sentencia en diciembre de 2018, y citó a los representantes del MINSA y de las comunidades para evaluar si los primeros habían cumplido con la sentencia y, en ese momento, verificó que el ministerio no había cumplido con implementar la política de emergencia.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL añade: “Cuando la jueza Velásquez Condori estaba a punto de imponer multas acumulativas por incumplimiento de sentencia fue removida de su puesto. El nuevo juez de Nauta, Javier Rolando Acevedo, ni bien hubo asumido el cargo, se inhibió argumentando que fue el vocal de la Sala quien declaró fundada la demanda en segunda instancia y lo que hizo fue enviar el expediente a la Corte de Iquitos”.

Después de una serie de demoras, el caso ha sido asumido por el Segundo Juzgado Civil de la Corte de Loreto, con sede en Iquitos. El nuevo número de expediente es el 00049-2017 en proceso de cumplimiento. La semana pasada, los abogados del IDL y del Vicariato han solicitado al juez del Segundo Juzgado Civil que ejecute la sentencia contra el MINSA. “Nos ha informado que ha solicitado al juzgado de Nauta que le envíe el expediente completo para resolver”, afirma Juan Carlos Ruiz.

 

 

 

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