Protestas por posible intervención en clínicas y silencio ante la expropiación de tierras de comunidades campesinas de Cusco sin previo pago ni compensación

Protestas por posible intervención en clínicas y silencio ante la expropiación de tierras de comunidades campesinas de Cusco sin previo pago ni compensación

 

En diciembre del año pasado, por medio del decreto de urgencia 026-2019, el gobierno aprobó una ley de expropiación de tierras de las comunidades campesinas para favorecer el corredor vial minero, es decir, para favorecer al proyecto minero Las Bambas.

En ese momento ningún sector social se puso de lado de los comuneros. Nadie protestó por la expropiación.

“Es más, cuando el Estado convierte los caminos comunales – que son propiedad de las comunidades campesinas de Colquemarca en Chumbivilcas, Cusco – en vías nacionales para que pasen los camiones del proyecto minero Las Bambas, sin consulta previa y sin pagar por dichas tierras, sin comprarlas o alquilarlas, sin establecer servidumbre o expropiarlas no se habla de un despojo del territorio, pero cuando se desliza la idea de intervenir o expropiar las clínicas privadas, los sectores empresariales ponen el grito en el cielo”, sostiene Juan Carlos Ruiz, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas.

Esto ocurrió en medio de un estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur decretado por el Estado, por la protesta y bloqueo de vías comunales que impedían el paso de los numerosos camiones de la empresa. Los bloqueos se iniciaron en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), pero luego se extendieron a otros puntos en la provincia de Paruro (Cusco). La causa del conflicto viene del propio Estado porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones convirtió caminos comunales de tierra en vías nacionales. Ello se realizó por decreto, desde Lima, sin respetar el derecho a la consulta previa ni respetar el derecho de propiedad de las comunidades sobre esos caminos comunales.

“Estas decisiones arbitrarias y unilaterales se llevaron a cabo afectando la salud y contaminando el ambiente de las comunidades campesinas de la zona, al permitir el tránsito de aproximadamente 300 camiones al día por vías polvorientas, tal como lo ha reconocido OEFA en un reciente informe”, sostuvo el abogado en ese momento.

Para Juan Carlos Ruiz se perpetró el despojo de las tierra comunales mediante el Decreto Supremo 011-2016-MTC que aprueba la “actualización del clasificador de rutas del sistema nacional de carreteras –SINAC” , y la Resolución Ministerial 372-2018-MTC/01.02 que “reclasifica de manera definitiva, como ruta nacional, diversas rutas departamentales o regionales de la red vial de los departamentos de Apurímac y Cusco”.

Esta norma dispone, usurpa y despoja a las comunidades campesinas de parte del territorio de su propiedad, sin antes haberles comprado dichos territorios, ni haber establecido servidumbre o iniciar proceso de expropiación con previo pago de justiprecio.

Foto: elgranangular.com

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