Presentan demanda contra leyes que permiten convenios de Policía con empresas (Lavanguardia)

Presentan demanda contra leyes que permiten convenios de Policía con empresas (Lavanguardia)

Noticia publicada en Lavanguardia el 08/04/19

Lima, 8 abr (EFE).- Organismos de derechos humanos y jurídicos de Perú presentaron hoy una demanda de inconstitucionalidad contra las leyes que permiten la suscripción de convenios sobre temas de seguridad entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las empresas extractivas como las mineras.

La demanda fue interpuesta por el Colegio de Abogados de la región amazónica de San Martín, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Earth Rights International (ERI), informaron estos organismos en rueda de prensa.

El director general del IDL, Glatzer Tuesta, señaló que la demanda se hace en el contexto de los conflictos sociales que se dan en Perú y “que no tienen lamentablemente una respuesta acertada” de parte de las autoridades.

Indicó que en la demanda se plantea “deshacer todo ese andamiaje legal que produce este tipo de situaciones que claramente son discriminatorias, porque la Policía y el uso de la seguridad pública deben estar abocadas a proteger a todos los ciudadanos y no a quienes puedan pagarla, tal como hacen las empresas mineras”.

El abogado de IDL Juan Carlos Ruiz agregó que “los convenios entre empresas mineras y Policía son parte de un andamiaje institucional que promueve la criminalización de la protesta”.

Sostuvo que estos convenios “convierten a funcionarios públicos en policía particular” y vulneran la Constitución peruana.

Por su parte, la directora de ERI, Juliana Bravo, declaró que hicieron una investigación sobre la relación entre la PNP y las empresas extractivas que determinó en los últimos 20 años se firmaron 138 convenios y que 20 de ellos están vigentes.

Afirmó que ese informe permitió determinar que esta relación es “anticonvencional e inconstitucional” porque viola la Convención Americana de Derechos Humanos y el principio constitucional a la no discriminación y a la igualdad de todas las personas.

“Hay una privatización de la función policial”, remarcó, así como “una desviación de poder y una mercantilización” de las fuerzas de seguridad.

Explicó que la demanda exige al Estado peruano que declare la nulidad de todos los convenios y de las normas que los permiten “porque agravan la situación de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, y la violación de los derechos de los defensores de la tierra y el territorio”.

La demanda se presentó en el contexto de una gran protesta social que protagonizan campesinos de la región sureña de Apurímac contra la mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes de su tipo en el mundo.

Aunque el dirigente Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, llegó el sábado a una serie de acuerdos para solucionar el conflicto con el Gobierno y representantes de la mina, los pobladores de su comunidad deben decidir este martes si los aceptan.

Las Bambas, propiedad de la empresa china MMG, tiene reservas calculadas en 7,5 millones de toneladas de cobre, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial y un 18,8 % de las 2,4 millones de toneladas que aportó Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc. EFE

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