Poder Judicial: el primer recuento de medidas desde el inicio del estado de emergencia

Poder Judicial: el primer recuento de medidas desde el inicio del estado de emergencia

 

Por Luis Purizaga

 

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia absoluta las grandes brechas sociales de siempre, y lo mucho que falta para lograr un estándar mínimo de disfrute de derechos y Estado de Derecho; más aún en los países latinoamericanos. Con distintos sistemas de salud, educación, vivienda, servicios básicos, penitenciario y de justicia, colapsados o en emergencia, se ha tomado medidas para paliar la crisis: implementando más hospitales y dotándolos de más personal, adaptando el currículo educativo para las clases a distancia, tratando de reducir el hacinamiento en los penales, entre otras.

En el caso de la justicia, los países se han enfrentado a cómo garantizar el funcionamiento del sistema en medio del distanciamiento social y cuarentena impuestas, lo que se suma (y agudiza) a las brechas históricas y pendientes en el acceso a la justicia, más aun, respecto de las poblaciones en permanente situación de vulnerabilidad: mujeres, personas con escasos recursos económicos, poblaciones indígenas, población lgtbiq, personas migrantes, víctimas de trata y del crimen organizado, líderes sociales, personas desplazadas, víctimas de la violencia, entre otros.

El Perú no es la excepción. ¿Cómo ha sido la reacción del primer momento, el planeamiento posterior, la ejecución de las medidas, la coordinación entre las instituciones estatales para hacer frente a los diversos temas urgentes y estructurales que exige la pandemia, conocida desde finales del 2019? Sobre el sistema de justicia y el derecho de acceso a la justicia (en donde se requiere además del criterio jurídico para la viabilidad de los procesos en sí, del de salubridad, la brecha social, el laboral, el territorial, el de movilidad, entre otros), es necesario conocer las respuestas que se van dando y sobre todo, su proceso de construcción, ejecución, ajustes constantes y fiscalización. La pandemia ha resaltado, además de la existencia de las brechas sociales, la necesidad de todos estos procesos organizacionales y colectivos en la planeación y concreción de las soluciones; y que al igual que la salud, la justicia es un derecho fundamental, un servicio esencial y un pilar fundamental del control del poder.

 

  • El inicio del estado de emergencia

Desde el 16 de marzo en que se instauró el estado de emergencia en todo el país, el Poder Judicial a través del Consejo Ejecutivo empezó a emitir disposiciones a través de resoluciones administrativas, a fin de – según se indica – evitar una paralización total del servicio de administración de justicia.

En el Perú, el Poder Ejecutivo ha extendido el estado de emergencia hasta el 30 de junio. El Poder Judicial informó el 27 de mayo, a través de una entrevista a José Luis Lecaros Cornejo, presidente de la institución, y a los magistrados supremos Javier Arévalo Vela y Héctor Lama More, acerca de las disposiciones que se han dado durante el estado de emergencia y cuál será la estrategia y medidas a ejecutarse para el retorno de labores. Desde Justicia Viva creemos esencial la difusión, conocimiento y comprensión real de las mismas, y a partir de ellas, hacer aportes, teniendo en cuenta sus efectos y promoviendo el necesario intercambio de reflexión y acción entre diversos actores.

Lecaros indicó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha venido dictando medidas a lo largo de estos más de 70 días de cuarentena. Señaló que se han realizado audiencias virtuales, no solamente en los juzgados de emergencia, sino también en juzgados que no tenían esta condición, ya que muchos colegiados han seguido laborando a distancia, como la Corte Suprema, en la que se han resuelto según informó, 6 mil causas.

 

  • Las medidas adoptadas para el personal que labora en los órganos de emergencia

Arévalo Vela señaló que el Consejo Ejecutivo en coordinación con la Gerencia General, dispuso que a todos los trabajadores que están concurriendo a los despachos judiciales y a las oficinas administrativas para atender órganos de emergencia, se les dote de todas las medidas e implementos de seguridad que sean necesarios y que han sido establecidos por el Ministerio de Salud: mascarillas, desinfectantes, jabón, implementos de protección, además de una bonificación para el transporte a fin de evitar el transporte público. Esta bonificación económica varía entre 20 y 50 soles diarios, según la distancia entre el domicilio y el centro de trabajo.

Asimismo indicó que en caso un trabajador del Poder Judicial resulte contagiado, los servicios de asistencia social y los médicos acuden en su auxilio, sea en una entidad prestadora de salud o en un hospital del seguro social.

Arévalo precisó también que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ha transferido a las Cortes Superiores ejecutoras y no ejecutoras, un millón de soles para la implementación de mascarillas, guantes y productos de limpieza. Del mismo modo, indicó que la Gerencia de Recursos Humanos ha identificado al personal de alto y de mediano riesgo:

 

 

Personal de alto riesgo

 

*Médicos y enfermeros del Poder Judicial

 

 

Recibirán mascarillas N95, guantes descartables, gafas protectoras y traje protector.

 

 

Personal de mediano riesgo

 

*Personal de Salas y Juzgados que tengan contacto directo con el público.

*Personal de seguridad.

*Personal de atención al público (orientación al usuario y similares).

*Personal de mesa de partes.

*Cualquier tipo de trabajador cuyas labores impliquen el contacto con el público.

 

 

Recibirá mascarillas quirúrgicas descartables, careta facial y guantes descartables.

Fuente: Entrevista en TVPerú, del miércoles 27 de mayo del 2020.

 

Asimismo, Arévalo indicó que se dispuso que las administraciones de los distritos judiciales distribuyan todos estos implementos sanitarios de forma diferenciada al personal, una vez iniciadas las labores en el mes de julio.

 

  • La productividad (en números) del Poder Judicial durante el estado de emergencia

En relación a la productividad durante el estado de emergencia, Lama señaló que se han llevado a cabo más de 13 mil audiencias virtuales a través del programa Google Meet, desde el 16 de marzo hasta el 19 de mayo. Están consideradas en este número, las reuniones de los jueces colegiados para debatir y votar sus causas, y las audiencias que se realizan con los justiciables.

Indicó también que se han instalado 13 mil VPN (red privada virtual) en los despachos de los magistrados y funcionarios judiciales, para que puedan conectarse desde sus casas con el sistema integrado del Poder Judicial, en donde se encuentra la información de los expedientes y la ruta para acceder a la información de los expedientes judiciales físicos y electrónicos.

Otro indicador de productividad tomado por Lama, son los jueces que han retirado expedientes físicos de sus despachos para trabajar desde sus domicilios, no siendo necesariamente aquéllos, órganos de emergencia; aunque no señaló el número total de éstos.

Señaló que hay muchos órganos jurisdiccionales que han estado trabajando de forma remota incluso sin ser órganos de emergencia, y que por esta razón el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó hace unos días, mediante la R. A. N° 156-2020, dar validez a los actos procesales realizados por estos órganos jurisdiccionales.

Lama brindó data cuantitativa de las Salas de la Corte Suprema durante este periodo:

 

Salas de la Corte Suprema Productividad (número de causas resueltas)
Sala Penal Permanente 692
Sala Penal Transitoria 113
Sala Civil Permanente 387
Sala Civil Transitoria 380
Sala Constitucional y Social Permanente 390
1° Sala Constitucional y Social Transitoria 861
2° Sala Constitucional y Social Transitoria 1925
3° Sala Constitucional y Social Transitoria La Sala no brindó la información
Sala Penal Especial (Aforados) 4
Juzgado de Investigación Preparatoria 2

Fuente: Entrevista en TVPerú, del miércoles 27 de mayo del 2020.

 

Asimismo, Lama indicó que debido a que muchas audiencias no pudieron realizarse vía videoconferencia, el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que se reprogramen a la brevedad, al reinicio de labores y con prioridad. La reprogramación se realizará los primeros días de julio, para que las audiencias se lleven a cabo en la segunda quincena de julio y tener una reducción de la carga procesal para la primera quincena de agosto.

Por otro lado, Lecaros consideró que la prisión preventiva tiene relación directa con el hacinamiento de los penales. El Consejo Ejecutivo ha dispuesto que cuando la prisión preventiva esté cerca a vencerse en medio del estado de emergencia, los órganos jurisdiccionales –de emergencia o no– a cargo estos procesos, deben de programar las audiencias para evitar que los detenidos por delitos graves salgan en libertad por un exceso de detención.

Lecaros también precisó que el Consejo Ejecutivo ha invocado a los jueces penales a revisar de oficio todas las prisiones preventivas de los procesos que estén a su cargo, y que esta medida se está cumpliendo a nivel nacional. En relación a las prisiones preventivas, indicó que el Poder Judicial presentó dos proyectos de ley al Congreso para que se vea la situación de éstas y de los sentenciados. El Congreso no aprobó estos proyectos de ley, y hace unos días delegó al Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar en este aspecto, por lo que se esperaría que en los próximos días éste pueda promulgar alguna norma para que los jueces tengan obligatoriamente que revisar los casos de prisión preventiva a su cargo.

 

  • ¿Cómo se llevará a cabo el protocolo para reactivar la actividad judicial, luego del estado de emergencia?

En la entrevista, los magistrados supremos señalaron que a partir del 17 de junio entrará en vigencia la primera etapa del protocolo: la que corresponde a la planificación, que durará del 17 al 30 de junio. En estas dos primeras semanas, los magistrados, auxiliares y asistentes jurisdiccionales prepararán los despachos judiciales para la nueva forma de trabajo que se tendrá en adelante (vía videoconferencia, mediante la litigación digital y adelantando la implementación del expediente judicial electrónico). Durante este periodo también se rediseñarán los espacios de las oficinas para que se tome la distancia entre personas que recomienda el Ministerio de Salud.

En esta primera etapa, acudirán a los juzgados para la planificación de la descarga procesal:

  • Los jueces especializados que tienen un sistema tradicional de despacho, con un asistente,
  • Los jueces coordinadores y administradores de los módulos corporativos,
  • Los presidentes de Sala junto a su relator y secretario.

Según se señaló, esta primera etapa es importante porque en ella se planificará todo lo que se ejecutará después, se detallarán las tareas de los jueces que harán actividades de trabajo remoto, así como las de los trabajadores que van a desempeñar sus labores desde sus domicilios.

Asimismo, se ha establecido que el tiempo de permanencia en los locales será de 9am a 2pm, buscando reducir la concurrencia en los órganos jurisdiccionales. Para ello se habilita la mesa de partes electrónica, inicialmente pensada solo para el expediente judicial electrónico (EJE). El objetivo es que a través de este mecanismo se ingresen escritos a los expedientes físicos.

También se ha habilitado el programa Google Meet para las audiencias virtuales, y el aplicativo “Juez te escucha” para que absolver consultas sobre los procesos.

Refirió también que a partir del 01 de julio se reanudan las labores, con la limitación de la asistencia física del personal a despachos y oficinas. Se ha programado un trabajo por turnos, el 40% aproximadamente de los trabajadores asistirán lunes, miércoles y viernes, el otro 40%, asistirán los martes y jueves; a la siguiente semana se invertirá el turno, y el 20% de trabajadores restante (que aproximadamente será la población vulnerable), seguirá laborando a distancia.

 

  • El uso del expediente judicial electrónico (EJE) en el estado de emergencia

De acuerdo a Lama, el expediente judicial electrónico (EJE) ha demostrado su efectividad y utilidad sobretodo en esta coyuntura: “son los únicos órganos jurisdiccionales del país, aparte de los órganos de emergencia, que han venido funcionando óptimamente”.

Al respecto, el Consejo Ejecutivo ha decidido que el EJE se implemente en más distritos judiciales. Otras cinco (5) Cortes Superiores van a atender a través del EJE los procesos laborales por la cantidad de justiciables. Las Cortes son la de Cusco, Arequipa, Lima Sur, Junín y Callao. Lama indicó que esta implementación será en las próximas semanas o meses.

El Consejo Ejecutivo ha extendido el EJE a los procesos civiles de estas Cortes, pero no a todos, solo al área civil que viene implementando la oralidad de sus procesos, según indican, porque el diseño de oralidad civil permite una estructura organizativa interna (módulos corporativos) que es muy similar a los módulos corporativos laborales en los que ya viene funcionando el EJE desde el 2017.

Como precisó Lama, lo que se planea para los próximos cuatro años es la implementación del EJE en todo país, con el apoyo económico del Banco Mundial y con una contrapartida del Estado peruano. El plan inicial era que en cuatro años se tenga cubierto el 80% de los órganos jurisdiccionales del país. El actual contexto obliga a que esta implementación sea ahora en uno o dos años, indicó Lecaros.

Como se sabe, el expediente judicial electrónico (EJE) funciona desde el 2017 en la Corte Superior de Lima, y se extendió a otras como Lima Norte, Cajamarca, Ventanilla y Tacna. Actualmente, un total de 88 órganos jurisdiccionales tienen el EJE y hay más de 140 mil demandas ingresadas a través de este mecanismo, según Lama.

Asimismo, el magistrado supremo indicó que en lo que va del estado de emergencia, mediante el EJE se ha resuelto 1,819 causas con sentencia en juzgados especializados, 93 causas en salas superiores, y 44 causas en juzgados de paz letrado. También, que se han atendido 12, 849 escritos dentro del distrito judicial de Lima, y se han ingresado un total de 4, 348 escritos en el área comercial de la Corte Superior de Lima, de los cuales se han atendido 890.

 

  • Plan de Vigilancia, Prevención y Control para el COVID 19 del Poder Judicial

Este plan ha sido elaborado teniendo como base la Resolución N° 239-2020 del Ministerio de Salud, y establece la dinámica de retorno de los trabajadores que fueron y no fueron infectados por COVID 19. Contiene medidas para la desinfección de ambientes, la regulación para el otorgamiento de las mascarillas según nivel de probabilidades de infección y precisa  quiénes son los trabajadores con factores de riesgo (mayores de 65 años, con hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con índice mayor a cuarenta, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis y enfermedades u otras afecciones de carácter inmunosupresor). Se han considerado también medidas de protección para la madre trabajadora, sea magistrada o no.

Se refirió también en la entrevista, que se ha establecido que se hagan pruebas de descarte de COVID 19 al personal que tenga mediano y alto riesgo, es decir a quienes tengan contacto directo con personas en zonas de riesgo de contagio como personal médico del Poder Judicial o aquellas personas que tengan contacto directo con el público, como en las mesas de partes o el personal de vigilancia. Se indicó que se ha coordinado con el Ministerio de Salud y con el despacho del Primer Ministro para acceder a las pruebas. Lecaros, por su parte, indicó que el Ministerio de Salud se ha comprometido a brindar 2,500 pruebas, y que se gestionará la compra de más, de no ser suficiente este número.

 

  • Número de trabajadores con contagio y fallecidos por COVID 19

Por último, Lecaros indicó que al 26 de mayo hay un total de nueve (9) trabajadores del Poder Judicial que lamentablemente han fallecido, y cincuenta y un (51) trabajadores con contagio, entre asintomáticos y hospitalizados.

Refirió que de las nueve (9) personas fallecidas, dos (2) se encontraban desempeñando labores durante el periodo de emergencia (un trabajador y un magistrado), es decir, acudiendo de forma física a los locales judiciales. Las otras siete (7) personas fallecidas no concurrían desde mediados de marzo.

 

  • Otros datos

Los magistrados supremos también comunicaron que:

  • Durante el estado de emergencia se han realizado, aproximadamente, 20,000 audiencias en todos los distritos judiciales.
  • En la Corte Suprema se resolvieron más de 5, 800 casos, resueltos en sesiones de las diversas salas, vía videoconferencia.
  • Hay más de 1,500 escritos presentados por mesas de partes electrónicas en la Corte Superior de Lima. El número es un tanto menor en otras Cortes del país.
  • En los juzgados de emergencia de la Corte Superior de Lima, se ha atendido un total de 3, 446 causas, y resuelto 3, 050.
  • Sobre los casos de violencia familiar, se han emitido 600 medidas de prevención en base a denuncias presentadas, sólo en la Corte Superior de Lima.

Esta es la primera entrega de información a nivel público, aunque limitada en su alcance, de las herramientas básicas implementadas frente a la pandemia, con algunos de sus resultados. Sin duda, se espera a que no sea la última, y que se brinde más data, tanto cuantitativa como cualitativa.

El éxito de las medidas tomadas y de las que se han planificado, depende – además de la transparencia y adecuada difusión de éstas– de los objetivos relacionados al real acceso a la justicia, del cuidado de la salud de todas y todos los involucrados, del resguardo de las garantías procesales y de la prevención de actos de corrupción; así como de la participación en las decisiones, en la formulación de alternativas, en la evaluación de los resultados, en la debida ejecución de las medidas, y en el no abandono de agendas estructurales, que hoy más que nunca son necesarias. De todo esto dependerá el éxito de las decisiones y las estrategias que se planteen. Justicia Viva seguirá de cerca este esfuerzo y proceso constante que marcará, de tener éxito, una oportunidad de cambio para no perennizar o ahondar los problemas históricos y estructurales que ha tenido el acceso a la justicia en nuestro país.

 

 

*Ilustración de portada: NumenMX / EQUIS. Justicia para las mujeres

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