¿Pandemia amazónica?

¿Pandemia amazónica?

Álvaro Másquez Salvador[1]

En tiempos del brote de la COVID-19 es importante atender la emergencia en las siempre postergadas regiones amazónicas del Perú. El Instituto Nacional de Salud (INS), hasta hoy, ha diagnosticado 22 casos: 18 en Loreto, 2 en Huánuco, 1 en Madre de Dios y 1 en San Martín. El pasado miércoles 18 se confirmó el primero de un infectado indígena: el apu Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.

La amenaza es latente. Pero no basta con el aislamiento social obligatorio en las principales ciudades amazónicas. Es urgente detener también las operaciones comerciales que realizan empresas –especialmente ilegales– en las profundidades del bosque.

Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, los pueblos indígenas ocupan cerca de 322.255 kilómetros cuadrados: el 33,4% de toda la Amazonía en nuestro país[2]. El Estado peruano, a través del Gobierno central y los regionales, tiene la obligación de hacer respetar el estado de emergencia nacional en los extremos más alejados, con el propósito de proteger la salud de los pueblos indígenas.

Plantación ilegal

En Ucayali, la empresa Ocho Sur P. –dedicada al cultivo de palma aceitera– continúa operando sin inconvenientes, a pesar de operar ilegalmente sobre territorio indígena. Desde 2014, la comunidad de Santa Clara de Uchunya ha denunciado que sus tierras les fueron arrebatadas por la empresa Plantaciones de Pucallpa y luego transferidas a Ocho Sur P. El despojo fue estrechamente coordinado con las entonces autoridades de la Dirección Regional de Agricultura de la región.

Son alrededor de 7 mil hectáreas las que alguna vez fueron bosques primarios y hoy son solo palma aceitera. Las investigaciones del Ministerio Público –por delitos ambientales y contra la administración pública– han relevado la existencia de una compleja organización criminal, dirigida por el checoestadounidense Dennis Melka, que traficaba con tierras para el cultivo de palma aceitera en el distrito de Nueva Requena.

En diciembre de 2018, el Poder Judicial ordenó paralizar preventivamente las actividades de Plantaciones de Pucallpa. La medida, no obstante, jamás pudo ser ejecutada. La acción de la justicia penal continúa en suspenso.

La comunidad shipibo-coniba aguarda el resultado de la demanda de amparo que interpusieron en 2015, junto a la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali. En ella deberá resolverse su situación jurídica y su derecho de propiedad sobre las tierras que actualmente posee Ocho Sur P.

Por lo pronto, la empresa funciona sin la certificación ambiental que otorga la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura. Incluso, en mayo de 2019 la entidad inició un procedimiento administrativo sancionador contra Ocho Sur P. por “iniciar actividades de competencia del sector agrario sin contar con la certificación ambiental” y “no presentar un mantenimiento, funcionamiento y control de los residuos sólidos”. El caso fue remitido más tarde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Increíblemente, incluso en contextos de emergencia como el presente, la empresa sigue operando con impunidad.

 Trabajos forzosos

Pero esta no es la única irregularidad en la conducta de la empresa. Hace unos días, el periodista pucallpino Ítalo García denunció en Facebook que personal de Ocho Sur P. se encontraba realizando trabajos forzosos, sin que hayan recibido información sobre la COVID-19 ni alimentación adecuada.

“Estamos trabajando. No sabemos nada sobre la emergencia. Nuestros jefes nos dicen que no pasa nada, sin embargo, está[n] escaseando nuestros alimentos. A pesar [de] que hacemos trabajos forzados, no nos alimentamos bien”, aseguró a García un trabajador que prefiere el anonimato. El periodista, además, señaló que la mayor parte del personal es indígena.

Según información tributaria, Ocho Sur P. contaba en marzo de 2019 con 763 trabajadores. En enero de 2020 el número se incrementó a 902. Sin embargo, la empresa –junto a su socia Ocho Sur U.– ofertó hace un año alrededor de 2 mil puestos de trabajo “para labores de campo” en una feria realizada en Pucallpa. ¿Cuántos trabajadores tiene realmente Ocho Sur P.?  ¿Puede seguir funcionando durante la cuarentena?

Si bien el aceite de palma no es un alimento, sí forma parte de la cadena agroalimentaria, pues permite producir algunos alimentos procesados. La circulación de personas para su cosecha, por tanto, está en principio permitida por el Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM. También su transporte hacia plantas extractoras. Pero, como ha acotado el propio Ministerio de Agricultura, “con el personal mínimo indispensable”.

Todos los demás usos industriales del aceite de palma, como la producción de cosméticos y biocombustible, se encuentran por ahora prohibidos. Pero, ¿han supervisado las autoridades regionales y nacionales que Ocho Sur P. haya reducido sus operaciones para atender exclusivamente las necesidades de las industrias alimentarias?

La explotación de la palma aceitera, aunque sea en parte autorizada, no deja de representar un grave peligro para todos, en especial para la población indígena dentro y fuera de la plantación. ¿Es consciente Ocho Sur P. del coste humano de continuar trabajando durante el estado de emergencia nacional?

El Estado, finalmente, tiene el deber de adoptar medidas inmediatas para asegurar la protección de los pueblos indígenas y también de los trabajadores, en especial si estos también son indígenas. ¿Qué herramientas de prevención les ha ofrecido el Gobierno?

Es urgente que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral verifique las actuales condiciones de trabajo del personal de la empresa. También que la Dirección Regional de Salud de Ucayali implemente medidas de protección sanitaria para los miembros de la comunidad. Pero, sobre todo, que el Poder Judicial y la OEFA detengan las operaciones de Ocho Sur P. y devuelvan a Santa Clara de Uchunya las tierras que les fueron arrebatadas por la agroindustria.

El riesgo de una pandemia amazónica –como amenaza común– no surge solo de la COVID-19, sino principalmente por la continua devastación de los bosques para enriquecer a unos pocos grupos empresariales. El modelo de desarrollo debe partir de la conservación de nuestra diversidad biológica y cultural. La crisis debe enseñarnos cuáles valores e intereses debemos priorizar y qué es lo que sucede cuando actuamos demasiado tarde.

 

[1] El autor es especialista legal e investigador del Instituto de Defensa Legal. Tiene a su cargo la representación de la comunidad de Santa Clara de Uchunya.

[2] https://www.amazoniasocioambiental.org/es/

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