Fecha: 
07/2010

Actualmente, uno de los problemas que aquejan a la población de manera recurrente y reiterada es la falta de seguridad. Todos los días es posible ver en los noticieros a vecinos quejándose del avance de la delincuencia y de la falta de interés y de acción de las autoridades en el tema. También escuchamos a diario historias sobre robos, asaltos, secuestros, agresiones, violaciones, etc. Como muestra de ello tenemos que en el último sondeo de opinión sobre seguridad ciudadana realizado en junio de este año en Lima Metropolitana y el Callao por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por encargo del Instituto de Defensa Legal, se señala que el 96%1 de los ciudadanos se siente inseguro con respecto a la delincuencia común y callejera. Si bien la victimización, es decir, la incidencia real del delito, no llega a los mismos niveles, ubicándose alrededor del 57%2 al menos en lo que respecta al robo en las calles y en el transporte público, es necesario tomar cartas en el asunto y no esperar a que ello ocurra.

En ese contexto, estando a puertas de un nuevo proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades a cargo de los gobiernos locales, el Instituto de Defensa Legal (IDL), a través del área de Seguridad Ciudadana (IDL-SC), pone a disposición de las agrupaciones políticas esta Hoja de Ruta para un Plan Local de Seguridad Ciudadana, a fin de aportar ideas y recomendaciones que permitan a las autoridades locales que sean elegidas combatir este problema.

La Hoja de Ruta para un Plan Local de Seguridad Ciudadana se encuentra constituida de la siguiente manera:

  • La primera parte está dirigida a presentar el concepto de seguridad ciudadana y a dar una breve muestra de los principales problemas de seguridad que enfrentan los ciudadanos, tales como la violencia familiar, la delincuencia común (robos al paso, asaltos a mano armada, entre otros), el consumo y la micro comercialización de drogas, y el pandillaje. En esta sección se describe en líneas generales las causas y los efectos de estos problemas y se describen estrategias de solución para afrontarlos.
  • La segunda parte está orientada a presentar a los actores principales que intervienen en la seguridad ciudadana. Partimos de la premisa básica que para lograr la seguridad ciudadana es esencial que se forme y que se consolide una triple alianza estratégica entres los Gobiernos Locales, la Policía Nacional y los vecinos, lo que llamamos el trípode de la seguridad. En esta sección se detallan asimismo las responsabilidades constitucionales y legales que corresponden a cada uno, a fin de invocarlos a tomar conciencia de las mismas y a actuar en consecuencia.
  • La tercera parte está orientada a presentar a otros actores de esta problemática. Les denominamos otros actores no porque su accionar no sea importante en la lucha por lograr la seguridad ciudadana sino porque el mismo resulta complementario y sirve de apoyo a la labor que deben desempeñar los actores principales. En esta sección se detallan las responsabilidades constitucionales y legales del Ministerio Público, titular de la acción penal y encargado de poner en marcha el engranaje judicial para sancionar a los delincuentes; el Poder Judicial, pues son los jueces a quienes compete determinar la responsabilidad penal de las personas y emitir las condenas respectivas; y el Poder Ejecutivo, especialmente los Ministerios de Justicia (política penitenciaria) e Interior (política represiva) y los Ministerios de Educación y de Salud (política preventiva).
  • La cuarta parte está referida a los objetivos y recomendaciones que se plantean a los actores para solucionar los principales problemas de seguridad ciudadana descritos en la primera parte. En esta sección de se sugieren medidas a adoptar tanto en el corto plazo como en el mediano y en el largo plazo. Planteamos con esto que se desarrolle una política pública de seguridad ciudadana que se mantenga constante en el tiempo y evitar así que la lucha por la seguridad ciudadana se reduzca a esfuerzos cortoplacistas con fines electorales.

En resumen, esta hoja de ruta se presenta a las nuevas autoridades locales como un instrumento de gestión a ser implementado con el fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad ciudadana, lo que finalmente derivará en una mejor calidad de vida de los ciudadanos y en el respeto y garantía de sus derechos fundamentales.