Naciones Unidas: devastador impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas

Naciones Unidas: devastador impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas

El Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL ha difundido el comunicado del nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay (Guatemala), quien expresa su preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.

Sostiene: “Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.Los estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una militarización de sus territorios”.

Por otro lado, sostiene que se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos. Y denuncia que en algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura.

José Francisco Cali manifiesta que las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional.

El relator de las NNUU hace un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que apoyen a los pueblos indígenas de manera que éstos puedan aplicar sus propios planes de protección comunales, y que participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que no los discriminen.

“Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados. El hecho de que las instalaciones de salud pública sean a menudo escasas en las comunidades indígenas constituye un gran desafío”, añade.

 

 

 

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