Movimiento progresista demanda libertad de gobernador aymara en Perú (Prensa Latina)

Movimiento progresista demanda libertad de gobernador aymara en Perú (Prensa Latina)

Noticia publicada en Prensa Latina el 3/09/19

“El abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal anotó a su vez que en 2016 la Corte Suprema de Puno dictaminó que el oficial Instituto Geológico, metalúrgico y de metales había violado derechos constitucionales y convencionales al otorgar concesiones sin consulta a las comunidades y advirtió que no debe volver a hacerlo”.

Lima, 3 sep (Prensa Latina) El movimiento progresista Fuerza Ciudadana (FC) demandó hoy la libertad del gobernador indígena de la región surandina de Cusco, Walter Aduviri, condenado a prisión por dirigir una protesta contra un proyecto minero de una transnacional.
Al calificar de injusta la condena, señala que Aduviri, líder aymara, no ordenó ni estuvo presente en los hechos de violencia registrados a mediados de 2011 en la ciudad de Puno, capital de la región del mismo nombre, que lo eligió gobernador a fines de 2018.

Un comunicado público de FC agrega que el Ministerio Público investigó a los dirigentes de la protesta y los acusó de autoría no ejecutiva, y no a quienes realizaron los actos de violencia, como el incendio de la gobernación de Puno.

‘Por ello, consideramos que la reciente sentencia contra Walter Aduviri es injusta y que debe ser liberado de forma inmediata’, señala, al recordar que el año pasado una sentencia similar fue anulada por la Corte Suprema, por ausencia de pruebas.

La nueva organización FC agrupa al colectivo progresista Ciudadanos por el Cambio (CxC) y al partido Fuerza Social, bajo una dirección conjunta y en la perspectiva de una unidad de izquierda más amplia.

La protesta por la que Aduviri fue condenado a seis años y ocho meses de prisión se produjo por la desatención del reclamo de los campesinos contra el proyecto de explotación de oro Santa Rosa en tierras de los indígenas y sin consentimiento de estos.

El gobierno neoliberal de entonces, de Alan García, entregó los terrenos de la mina a la transnacional canadiense Bear Creek, a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, zona en la que la Constitución prohíbe que se establezcan empresas extranjeras.

El abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal anotó a su vez que en 2016 la Corte Suprema de Puno dictaminó que el oficial Instituto Geológico, metalúrgico y de metales había violado derechos constitucionales y convencionales al otorgar concesiones sin consulta a las comunidades y advirtió que no debe volver a hacerlo.

‘Si la protesta tenía como finalidad defender bienes jurídicos constitucionales que el Estado debió defender, ¿por qué se le condena a Walter Aduviri?’, agregó Ruiz sobre el caso, en el que las bancadas congresales de los progresistas Movimiento Nuevo Perú y Frente Amplio reclaman la libertad del gobernador.

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