Maritza Quispe: “El derecho ambiental debe de aplicar los principios de prevención y precaución”

Maritza Quispe: “El derecho ambiental debe de aplicar los principios de prevención y precaución”

La abogada constitucionalista del IDL, Maritza Quispe, participó como ponente del tema “Pueblos originarios y derechos ambientales” en el diplomado “Capacidades Regionales para un Apurímac con Justicia Ambiental”, realizado el 28 y 29 de setiembre en la ciudad de Abancay.

Este diplomado, organizado por la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya y la Asociación Tarpurisunchis, responde a la preocupación general por encarar el problema fundamental que afecta hoy a nuestro planeta. También buscó fortalecer las capacidades de profesionales ubicados en puestos estratégicos de la región.

¿Tienen las comunidades campesinas derecho a la consulta previa?, ¿cómo se implementa el derecho a la consulta previa?, ¿qué rango tienen el Convenio 169 de la OIT?, ¿el derecho de propiedad sobre sus tierras tiene relación con la protección al medio ambiente, ¿cómo se implementa el derecho internacional al derecho interno? Estas han sido algunas de las interrogantes en torno a las cuales la abogada Maritza Quispe articuló su exposición.

Apurímac, es una de las ciudades con más conflictos sociales en estos últimos tiempos, esto debido a las  actividades mineras que se realizan en esta zona, sin que se haya realizado un proceso de consulta previa. Esta omisión vulnera, también, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado de cada una de las comunidades campesinas que viven cerca al corredor minero.

“Existe una necesidad de aplicar dos principios fundamentales establecidos en el derecho ambiental: el de prevención y el de precaución. De lo contrario, la historia de contaminación en zonas mineras por actividades extractivas se repetirá. Así mismo, es fundamental recordarle al Estado que, conforme el artículo 7 del Convenio 19 de la OIT, los pueblos originarios tienen derecho de decidir sus propios modelos de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias e instituciones”, aseveró la abogada del IDL durante su intervención.

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