Lote 200: comunidades indígenas de Ucayali exigen que el proyecto obtenga su consentimiento

Lote 200: comunidades indígenas de Ucayali exigen que el proyecto obtenga su consentimiento

La etapa de evaluación interna de la consulta previa del Lote 200 concluyó ayer, en Pucallpa, con el rechazo unánime de 11 comunidades afectadas por el proyecto, de los pueblos shipibo-conibo y asháninca.

En la asamblea, convocada por la empresa estatal Perupetro, las comunidades expresaron sus múltiples cuestionamientos a la manera en que el Estado ha venido conduciendo la consulta. Algunas de las críticas más recurrentes apuntaron a la falta de información técnica para decidir sobre el proyecto, así como a la metodología poco intercultural empleada. La falta de intérpretes durante las reuniones con el Estado, el abrupto cambio en la entidad promotora (del Ministerio de Energía y Minas a Perupetro) y la ausencia del Ministerio de Cultura fueron otras de las irregularidades denunciadas.

La principal, sin embargo, ha sido el afán del Estado de consultar el proyecto de decreto supremo que aprobaría el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, mas no el contrato en sí mismo. Las comunidades, por unanimidad, han exigido al Estado que se les entregue el contrato para tomar decisiones plenamente informadas.

Para eso, señalaron los representantes indígenas, es necesario retroceder en la consulta hasta su tercera etapa: la de transparencia y publicidad. Las comunidades y organizaciones presentes exigieron la aprobación de un nuevo plan de consulta, con un nuevo cronograma y metodología de trabajo, en los que se recojan todas sus preocupaciones.

Además, dada la magnitud del proyecto hidrocarburífero, exigieron al Estado obtener su consentimiento para la aprobación del Lote 200. Al respecto, el presidente de Feconau, Miguel Guimaraes Vásquez, indicó que no basta la consulta previa para un proyecto que compromete por 40 años las vidas y territorios de al menos 13 comunidades indígenas. Ronald Suárez Maynas, presidente de Coshicox, expresó igualmente su preocupación por los impactos del petróleo en las actividades tradicionales del pueblo shipibo-conibo, como la agricultura o la pesca.

El especialista Álvaro Másquez Salvador, del IDL, respaldó los reclamos indígenas e indicó que tienen sustento jurídico. Para esto, hizo referencia a las normas en el derecho nacional e internacional que reconocen su derecho al consentimiento previo, libre e informado, en particular en casos donde se compromete su supervivencia, física o cultural.

Se reunieron, en el hotel Tahuarí, representantes de las comunidades de Puerto Firmeza, Panaíllo, Santa Clara de Yarinacocha, Santa Clara de Uchunya, San José de Tununya, Shambo Porvenir, Nuevo Egipto, Nuevo San Juan, Santa Teresita de Cashibococha, Santa Lucía y San Salvador. Participaron además la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), la Organización Regional AIDESEP de Ucayali (ORAU) y el Consejo del Pueblo Shipibo, Conibo y Xetebo (Coshicox), con la asistencia técnica de miembros del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

La reunión concluyó con la aprobación de un acta firmada por todos los participantes. Las comunidades y organizaciones indígenas, finalmente, se comprometieron en hacerla llegar a las autoridades del Gobierno Central, en Lima, durante los próximos días.

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