El Plan Fortaleza (y debilidades)

El Plan Fortaleza (y debilidades)

Stefano Corzo Vargas

Investigador del Área de Seguridad Ciudadana – IDL

Luego de 106 días de confinamiento obligatorio, Martín Vizcarra se dirigió a la población peruana en lo que sería su último mensaje de Fiestas Patrias como presidente. En el discurso de casi dos horas, aludió a los principales hechos, circunstancias y cifras que marcaron su gobierno. En especial, a la crisis sanitaria.

Al momento de hablar sobre la seguridad en el país, su mensaje fue bastante breve. En total, le dedicó aproximadamente seis minutos al tema enmarcado en su discurso bajo el título de “Seguridad y orden”. Resulta verdaderamente sorprendente pensar que hasta hace un par de meses, la inseguridad era principal problema que aquejaba a los peruanos según varias encuestas realizadas antes del estado de emergencia.[1] Queda claro que el impacto de la pandemia ha sido rotundo.

En el poco tiempo que el presidente le dedicó al tema dio a conocer una serie de cifras sobre los esfuerzos realizados por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como los miembros de las Fuerzas Armadas. También hizo referencia a las bajas registradas en ambas instituciones por efectos del coronavirus. Terminó su mensaje enfatizando:

“No daremos respiro a la delincuencia. Por ello, este año en coordinación con las autoridades regionales y locales pusimos en ejecución el plan Seguridad Fortaleza 2020. Una estrategia integral que asegura una respuesta policial oportuna frente al delito.”

El “Plan Fortaleza” ha sido promocionado en diversos espacios como la principal estrategia del gobierno para incidir sobre la delincuencia y sus diversas manifestaciones en la fase de reactivación económica y poscuarentena. Su implementación está a cargo del Ministerio del Interior (MININTER) y la PNP. Sin embargo, ni los medios ni otras instituciones especializadas en el tema han podido desmenuzar los componentes que conforman esta estrategia a efecto de poder someterla a evaluación y, en el mejor de los casos, proponer alternativas.

Dentro de una semana se cumplirá un mes desde que se levantó la cuarentena y dio inicio a la denominada “nueva normalidad”. Una “normalidad” que, en muchos aspectos, se parece más a un recuerdo del Perú que existía antes de la pandemia. Por su parte, el “Plan Fortaleza 2020” ya tiene poco más de un mes desde que entró en acción. Por lo tanto, consideramos pertinente hacer un breve análisis de esta estrategia en las siguientes páginas. Sobre todo, a la luz de la exposición mediática que nuevamente está teniendo el tema de la criminalidad en el país.

¿Qué sabemos del “Plan Fortaleza 2020”?

Cuando se presentó el “Plan Fortaleza 2020”, el 25 de junio pasado, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez se refiero a esta estrategia diciendo que: “La optimización de recursos, la prevención, sumado a la articulación con los gobiernos locales serán el eje fundamental del trabajo de las autoridades para mantener la tranquilidad y darle la confianza al ciudadano”

A nivel mediático, uno de los elementos que más se resaltó fue la utilización de drones y otras herramientas tecnológicas de georreferenciación para planificar y acompañar a los operativos policiales en tiempo real. Incluso se destacó el uso de estas herramientas en algunos operativos policiales que habían resultado bastante exitosos en esos días. Sin embargo, debemos mencionar que la Unidad de Aviación Policial cuenta con drones para labores de patrullaje aéreo desde el 2017, cuando solo se disponía de cuatro unidades en manos de la Policía.

Conforme los peruanos nos íbamos preparando para salir de la fase de aislamiento social obligatoria, diversas autoridades, entre ellos el propio ministro Rodríguez hicieron algunas apariciones en medios para brindar mayores alcances sobre el Plan Fortaleza a la población. Después de todo, había muchas dudas sobre como estarían resguardadas las calles luego de un periodo de confinamiento extenso. En ese sentido, a nivel de discurso público el Plan Fortaleza se comunicó como una estrategia compuesta por dos ejes principales: la prevención (a través de acciones disuasivas como el patrullaje en sus diversas modalidades) y la investigación policial (de los delitos que ya ocurrieron).

En su mensaje a la Nación, el propio presidente aludió de manera sucinta a esta estrategia, sin pormenorizar otros elementos del mismo y/o entrar en mayores detalles con respecto a esta estrategia. Por lo tanto, algunas preguntas se mantienen: ¿Qué dice el Plan Fortaleza en sí sobre estos elementos que han sido comunicados al público? ¿Qué dice sobre aquellos elementos que no se han manifestados públicamente? A continuación, vamos a abordar algunos de ellos.

La carga de la seguridad en el Peru poscuarentena

El “Plan Fortaleza 2020”, como muchos de los documentos normativos y estratégicos del sector Interior, es de carácter reservado. En ese sentido, el Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL) pudo acceder al documento con la finalidad de revisar y analizar sus componentes. En ningún momento, pretendemos revelar información que pueda ser considerada sensible y/o estratégica. Más solamente comunicar las observaciones y/o críticas que tenemos con respecto a sus contenidos sin perjudicar el importante trabajo que realiza la PNP y el sector Interior.

El Plan General de Operaciones “Fortaleza 2020” se define así mismo como el plan “para ejecutar a nivel nacional, operaciones policiales de prevención, vigilancia, seguridad, protección, intervención, inteligencia, investigación y control del orden público; utilizando estrategias operacionales para la prevención y represión del delito” en el contexto de la fase de reactivación económica iniciada por el Estado luego del estallido de la pandemia del COVID-19.

Uno de los principales indicadores que recoge este plan es la reducción de denuncias en comisarias a nivel nacional durante la primera mitad del presente año —incluyendo el estado de emergencia— en comparación con aquellas registradas durante ese mismo periodo el año pasado. Ergo, mientras que entre enero y junio de 2019 se registraron 203 mil 258 denuncias a nivel nacional, en ese mismo periodo se registraron solamente 136 mil 285 denuncias durante el 2020. Proporcionalmente, el número de denuncias se redujo en un 33 % durante dicho periodo entre 2019 y 2020.

Esta variación en las cifras se explica principalmente porque el confinamiento obligo a los criminales a mantenerse en casa como al resto de la población. Así, algunos medios presentaron esta medida (la cuarentena) como una solución definitiva al problema de la delincuencia. También debemos considerar el subregistro histórico de denuncias que existe en el país y que se pudo haber visto agravado por el miedo a contagiarse de la población al momento de acudir a las comisarías para presentar una denuncia.

En cuanto a las suposiciones que contempla el plan para la planificación de sus actividades podemos resaltar el énfasis que se le da a los delitos patrimoniales (asaltos, robos y hurtos) como uno de los principales focos hacía los cuales el accionar delictivo estará dirigido luego de nuevamente salir a las calles. Los reportajes que han comenzado a realizarse en diversos medios sobre la criminalidad poscuarentena parecieran confirmar ello, pese a que todavía no contamos con cifras oficiales para corroborar el impacto de este tipo de delitos. 

A su vez, se menciona también el posible incremento de “casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”. La violencia de género, en sus diversas manifestaciones, ha sido uno de los principales tipos de violencia y delitos ejercidos durante el estado de emergencia, pese al gran subregistro que existe en las cifras. Sin embargo, llama mucho la atención la exclusión total del problema de mujeres y niñas desaparecidas durante la cuarentena, cuya gran mayoría (70 %) eran menores de edad. En su mensaje a la Nación, el presidente parece también haberse olvidado por completo de esta problemática.

El Plan Fortaleza contempla un trabajo pormenorizado por fases: antes, durante y después de la denominada etapa de reactivación económica. Al respecto, no se consideran indicadores específicos para la evaluación del plan. Podemos asumir que se acudirá a una evaluación por resultados, como aquellas cifras expresadas por el presidente Vizcarra durante su discurso sobre la cantidad de bandas criminales desarticuladas, operativos realizados, entre otros. Pero, en nuestra revisión, no pudimos encontrar indicadores específicos del plan.

En cuanto a la “optimización de recursos” aludida por el ministro Rodríguez, podemos entender por esta las tareas generales y específicas que han sido adjudicadas a cada una de las Direcciones Especializadas, así como a las unidades desconcentradas, dentro la estructura organizacional de la PNP. En ese sentido, el trabajo de inteligencia policial, a manos de la Dirección Nacional de Inteligencia resultará crucial para fortalecer la capacidad de respuesta de los operativos e intervenciones realizadas. Sobre todo, si es que estas labores inteligencia se orientan, en el contexto poscuarentena, al crimen de oportunidad como son los principales delitos patrimoniales.

Adicionalmente, podemos resaltar el trabajo que también realizará la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología para incidir sobre el cibercrimen, ya que esta modalidad delictiva ha experimentado un aumento considerable en el mundo a causa de los cambios que ha suscitado la pandemia.

Existen también algunas inclusiones interesantes, sobre todo por lo que podrían implicar en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, la Dirección de Comunicación de Imagen (DIRCII) tiene como uno de sus encargos: “monitorear y contrarrestar información falsa ‘fake news’ (noticias falsas), con la finalidad de preservar la imagen institucional”. Si bien esta labor es importante, la PNP podría asumir un rol crucial en la verificación de datos falsos y desinformación sobre seguridad que es muy común en nuestro medio como registramos recientemente desde IDL-SC.

Finalmente, se retoman y refuerzan algunas de las principales labores que la PNP ya tenía a su cargo y que desarrollaba antes de la pandemia: patrullaje a pie, motorizado, aéreo (a través de drones), así como operativos en zonas de mayor incidencia delictiva. Sin embargo, en algunos casos estas han sido focalizadas y repensadas para atender a aquellos espacios que han quedado más vulnerables a la delincuencia como resultado de la crisis sanitaria: hospitales, boticas, centros comerciales, redes sociales, etcétera.

La fortaleza y la carga

Como podemos ver, el “Plan de Operaciones Fortaleza 2020”, más conocido como el “Plan Fortaleza 2020” tiene algunas inclusiones importantes. En este texto, hemos revisado solamente algunos de ellos. No obstante, también exhibe una serie de puntos que podrían reforzarse y algunas omisiones que son cuestionables. Como aquellas que se hicieron durante el mensaje a la Nación emitido por el presidente Vizcarra el martes pasado.

Para señalar algunas de las más importantes, podemos destacar la poca importancia que se le da a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la propia Policía. En el plan, esta dirección tiene la tarea de diseñar estrategias para promover la participación activa de la ciudadanía y fortalecer el trinomio Policía-Gobierno Local-Comunidad. Pero el trabajo coordinado con las Juntas Vecinales durante la pandemia ha evidenciado muchos problemas. Tanto por falta de recursos como por falta de apoyo logístico a las comisarías. Y pese a las buenas experiencias que se han podido registrar durante este periodo, también existen otras que han dejado mucho que desear.

Quizás las autoridades policiales (y sanitarias) podrían comenzar a ver en las rondas campesinas y las juntas vecinales aliados estratégicos para desarrollar una especie de rastreo de contactos para los casos de contagios a nivel barrial, ya que no se ha implementado una política clara con respecto a ello en el país.   

Por otra parte, tanto el presidente Vizcarra como el ministro Rodríguez han mencionado en referencia al “Plan Fortaleza” el trabajo conjunto con los gobiernos locales. Pero no le han dado espacio alguno al cuerpo de Serenazgo Municipal, que también ha estado en la primera línea de combate y cuyos miembros son, en muchos casos, quienes acuden primero ante una situación de emergencia o tienen mayor contacto con la población.

Según datos de la Asociación de Serenos del Perú, durante el estado de emergencia 79 serenos han fallecido por COVID-19 y 591 están contagiados. Debido a las condiciones laborales bajo las cuales realizan sus servicios, muchos de ellos no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las municipalices que los emplean. En varios casos, se ha reportado que son sujetos a explotación laboral. Incluso siendo obligados a trabajar pese a estar contagiados.

Podríamos asumir que la fortaleza de uno es muchas veces proporcional al tamaño de la carga que lleva. El Estado ha asumido un discurso público donde la carga de la seguridad en el Perú poscuarentena será llevada por el “Plan Fortaleza”. Pero como todos sabemos, esa puede ser una carga muy grande.   


[1] Entre varias otras, podemos señalar la encuesta nacional urbana de El Comercio-Ipsos, realizada entre el 10 y 12 de abril de 2019, donde el 52 % de encuestados señalaba a la delincuencia como el principal problema del país. De la misma manera, podemos mencionar la encuesta urbano-rural realizada por el Instituto de Estudios Peruano (IEP) para febrero del presente año, donde la mayoría de encuestados (59 %) indicó que la lucha contra la delincuencia era el principal tema que debía atender el Congreso recientemente electo en ese entonces. 

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