Después de 30 años todavía no se inicia el juicio por desaparición de Ángel Escobar Jurado  

Después de 30 años todavía no se inicia el juicio por desaparición de Ángel Escobar Jurado  

El 8 de diciembre del 2018 la Fiscalía Superior Penal emitió la acusación fiscal y solicitó que se imponga 25 años de pena privativa de la libertad a Luis Edgardo Paz Cárdenas, jefe político militar en Huancavelica en el momento de la desaparición de Ángel Escobar . En los próximos meses se debe iniciar el juicio oral.

“El trabajo que realizó Ángel Escobar fue muy importante en esos años. Él fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Huancavelica (CODEHU-H), dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, regidor en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Siendo miembro del Comité de Derechos Humanos de Huancavelica, durante ocho años a realizar labores de registro y denuncias de casos de vulneraciones de derechos por parte de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas”, afirma Sigfredo Florián, del Área Legal del IDL.

Entre 1987 y 1989 se encargó de la elaboración de solicitudes de garantías ante las amenazas de los miembros del Ejército. También se encargó de la elaboración de denuncias por desapariciones, tortura, y asesinatos de personas, dirigidas al Jefe Político Militar de Huancavelica[1].  En el Informe de la Comisión de la Verdad, está el testimonio de Felícita Quispe Chancha, quien en 2008, en su declaración fiscal, manifestó que días antes de que desaparezca, Ángel Escobar y Teodoro Manrique, presidente del CODEHU-Huancavelica, habían presentado documentación sobre los desaparecidos ante la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) , y que esa sería una de las razones de su detención.

Sigfredo Florián añade: “Él elaboró el documento “Relación de Detenidos, desaparecidos y muertos en Huancavelica en el año 1989”, que contiene la relación de 20 casos. También hizo un informe para la Coordinadora Nacional de Derechos Humano, que contenía más de 50 denuncias y acciones que realizaron ante autoridades civiles y militares locales e instituciones de Derechos Humanos de Lima. Es evidente que todo esto resultaba muy incómodo para los militares, y él sabía que lo podían detener en cualquier momento”.

Sus temores no eran infundados: el 27 de febrero de 1990, aproximadamente a las 7 de la noche, cuando salía del local del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Huancavelica, fue detenido por cinco miembros de las Fuerzas Armadas, que habían estado en su casa ese mismo día. Rufino Castellanos Cuaresma es el testigo que observó cómo se lo llevaron. Una de estas personas fue reconocida posteriormente por la señora Victoria Meza Montes.

Al día siguiente de su detención, su esposa Felicita Quispe Chancha se acercó a la comisaría de Santa Ana, a la sede de la Policía de Investigaciones, a la base militar Santa Teresita y a la Jefatura Político Militar. En todos estos lugares negaron que se encontrara detenido. También formularon una denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal y una acción de habeas corpus ante el Juez Penal de Huancavelica, sin resultado. Desde entonces han transcurrido más de 30 años y nadie volvió a ver a Ángel Escobar Jurado. La Defensoría del Pueblo ha corroborado que se encuentra en situación de ausencia por desaparición forzada desde el 27 de febrero de 1990.

Como reconocimiento a su trabajo el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga todos los años la CNDDHH lleva su nombre.

 

[1] Informe Final, Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, pág. 413 y 414

Crédito foto: LUM

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