Certificadora mundial del aceite de palma sostenible rechaza queja fundamentada contra empresa Alicorp

Certificadora mundial del aceite de palma sostenible rechaza queja fundamentada contra empresa Alicorp

La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) ha rechazado la queja contra Alicorp S.A.A., la empresa de bienes de consumo más grande del Perú, porque sigue comprando palma aceitera a una plantación que ya fue condenada por esa certificadora.

La queja fue presentada en marzo de este año por la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, Forrest Peoples Programme y el Instituto de Defensa Legal, después de que aparecieran pruebas que demuestran que dicha empresa compraba aceite de palma a Plantaciones de Pucallpa (ahora Ocho Sur P), que fue cuestionada y condenada, y que se tuvo que retirar porque no reunía los estándares para manejar una plantación sostenible. Por ejemplo, en Santa Clara de Uchunya destruyeron bosques y ríos, además de amenazar a la población y de violar los derechos humanos.

Efer Soria, jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, manifiesta: “En 2015, cuando presentamos la primera queja contra Plantaciones Pucallpa a la RSPO, esperábamos obtener justicia y que la certificadora la sancionara; pero ahora vemos que, por el contrario, nuestro medio ambiente ha sido destruido en nombre de una falsa declaración de sostenibilidad. La RSPO nos ha decepcionado a nosotros y a toda la gente que de buena fe compra sus productos certificados”

“Era el primer caso en el Perú y era una prueba de credibilidad de la RSPO, que comenzaba a expandirse en América Latina. Está quedando claro que el alcance de la RSPO en la cadena de suministro de palma aceitera puede ser más limitado de lo que habíamos pensado”, sostiene Miguel Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali.

Alicorp busca obtener de la RSPO su primera certificación este año para el 100% de su aceite de palma aceitera.  Al haber rechazado la queja, es posible que se la otorgue. Según el abogado del IDL Juan Carlos Ruiz, “esto afecta la credibilidad de este organismo internacional. Si es así, este sello ya no sería garantía de una explotación sostenible, que se logra en base a las buenas prácticas respetuosas de los derechos humanos en las comunidades amazónicas.”

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