Caso Manta y Vilca: la fiscal acusa

Caso Manta y Vilca: la fiscal acusa

La fiscal superior María Eugenia Carrasco ha formulado su acusación oral contra los 11 autores directos y los dos autores mediatos, luego de cuatro meses de haberse iniciado el nuevo juicio por el caso Manta y Vilca, en el que nueve mujeres han acusado a 13 militares por el delito de violación sexual en su contra, ocurrido durante los años 1984 a 1995, fecha de la intervención militar en el marco del conflicto armado interno.

Sostuvo: “Considero que el caso se relaciona con un hecho histórico y político. Desde agosto de 1982 se declara en todo el país el estado de emergencia por el accionar subversivo. El 21 de marzo de 1984 se instala la base militar en Manta. El estado de emergencia se implanta en Huancavelica desde el año de 1984. En esa poca, se violentaron los derechos humanos, partiendo de considerar a los campesinos como colaboradores o de pertenecer a Sendero Luminoso… Por eso el Ministerio Público se ratifica en las imputaciones contra cada uno de los acusados presentes y ausentes”

Los argumentos son los mismos que el Ministerio Público sostuvo en el juicio anterior: que los actos en contra de la libertad sexual de las agraviadas fueron cometidos en contra de su voluntad, que nunca existió una relación amorosa, que las denuncias no se deben a un acto de venganza porque los acusados no reconocieron a los hijos de las agraviadas, y que los actos criminales se cometieron al interior de la base y en los domicilios de las víctimas.

Además, los abogados de la parte civil y de los acusados presentaron sus alegatos. Juan José Quispe, abogado de seis de las víctimas, sostuvo: “Este es un caso emblemático, uno de los 47  remitidos por la Comisión de la Verdad  al Ministerio Público. No nos encontramos frente  a casos aislados sino a violaciones sistemáticas y generalizadas ocurridas durante el periodo de 1984 a 1995. Es falso que existió consentimiento de las víctimas para tener relaciones sexualesy que los acusados fueron sus enamorados, sino que se las violentó sexualmente utilizando la violencia. Los perpetradores, en vez de cuidar la integridad física de los pobladores de Manta, en horas de servicio, utilizando el uniforme militar y fuertemente armados, cometieron estos crímenes en la base militar de Manta o en los domicilios de las agraviadas Las agraviadas no pudieron denunciar estos hechos por temor a represalias de sus familias, o si lo hicieron, sus denuncias nunca fueron atendidas por los altos mandos castrenses. Además de ser un delito contra la libertad sexual de menores y mayores de edad, es un caso con la categoría de lesa humanidad, de naturaleza particularmente atroz que agravia a toda la humanidad, y perpetrado con tolerancia y aquiescencia de los altos mandos castrenses”.

Juan José Quispe fue enfático al señalar que  se cuenta con pruebas periciales que demuestran el estrés post trauma, y con pruebas documentales  que acreditan la existencia de los lugares donde se perpetraron los crímenes sexuales, que se cuenta con la versión uniforme de las víctimas y con la declaración testifical de personas que acreditan el contexto político y militar en que se encontraba el departamento de Huancavelica.

La defensa de los acusados se limitó a decir que fue un cuento y una farsa creadas por las ONGs ; que nunca se perpetraron violaciones sexuales y que éstas fueron relaciones sexuales consentidas.

Luego de terminar su exposición, el Tribunal le preguntó a cada uno de los acusados si se iban a acoger al beneficio de la conclusión anticipada.

Los acusados Pedro Chanel Pérez, Martín Sierra Gabriel, Rufino Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Delfín quiñones Loyola, Amador Gutiérrez Lizarbe, Julio Julián Meza García, Gabriel Edwin Carrasco Vásquez, Diómedes Gutiérres herrera, Lorenzo Inga Romero, Sabino Valentín Rutti; y los acusados por autoría mediata Raúl Ángel Pinto Ramos y Arturo Hernán Simarra García se declararon inocentes.

No quisieron acogerse a la conclusión anticipada que significa que en caso de aceptar su culpabilidad, se les puede reducir prudencialmente la pena, y el juicio oral terminaría con una sentencia anticipada en tan solo una semana. Ante la negativa de culpabilidad, el juicio se alargará un año más por lo menos.

En la próxima audiencia que se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto, se interrogará a Pedro Chanel Pérez Lopez.

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