Agenda pendiente para bloquear a la corrupción (Diario Uno)

Agenda pendiente para bloquear a la corrupción (Diario Uno)

Noticia publicada en Diario uno el 06/10/19

Luis Purizaga, abogado del IDL, afirmó que con un nuevo Congreso se abre la gran posibilidad de culminar eficientemente las reformas políticas y de justicia.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) consignó que el 84% de peruanos apoya la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de disolver constitucionalmente el Congreso. Dicho apoyo sube a un 90% en los sectores A y B, a 88% en el sector B y desciende a 80% en el sector socioeconómico D. Este respaldo abrumador y pocas veces visto a una decisión política, es un claro indicador del hartazgo de la población y podría representar un adiós definitivo al fujimorismo como fuerza política.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, consideró que en los próximos cuatro meses se va a producir una recomposición del escenario político. “Esta etapa de negación de los ex congresistas va a terminar de todos modos, ya hay un consenso acerca de la disolución constitucional del Parlamento, y los diferentes actores políticos van a tener que pensar en función de las elecciones de enero del 2020”, afirmó.

A criterio de Purizaga, la crisis política que atravesó el país “ha desgastado a los actores”, y mientras por un lado quedan los ex congresistas fuera de la escena, por el otro queda un presidente Martín Vizcarra también debilitado. “Este tiempo de transición va a servir para que los partidos y actores políticos definan sus prioridades, y para que Vizcarra tenga un respiro hasta la elección del nuevo parlamento”, añadió.

Responsabilidades pendientes

El jurista indicó que, a partir de enero, Vizcarra va a tener que demostrar que una de las razones por las que no se abordaban los grandes problemas que algunos dicen que tenemos se debía al conflicto con el Congreso disuelto. “Ese va a ser el gran reto del Ejecutivo: demostrar capacidad para gobernar y concretar grandes reformas”, señaló.

Además, indicó que el breve tiempo de gestión de los parlamentarios que resulten electos en enero del 2020, debe tener como prioridad culminar eficientemente el paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo tanto en el sistema de justicia como del sistema político, así como el último proyecto presentado con la cuestión de confianza sobre la modificación a la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Purizaga señaló que el nuevo Congreso no tendrá limitaciones para revisar la modificación al artículo de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y aprobar la propuesta de que sea la Corte Suprema y no el mismo Congreso el ente facultado para ordenar el levantamiento de dicha inmunidad. De igual modo, podrían revisar la ley de financiamiento a partidos políticos, aprobada a fines de 2018 y que redujo penas por financiamiento ilegal.

“Creo que con el nuevo Congreso se abre un escenario de reformas que pueden ser muy grandes. Recordemos que el Ejecutivo ha considerado que algunas reformas se han desnaturalizado, incluso en la reforma de justicia, donde 2 de los proyectos fueron archivados”, apuntó.

Respecto a uno de los hitos claves en la reforma de justicia, que es la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) – ente responsable de nombrar jueces y fiscales -, Purizaga recordó que se han modificado las bases del concurso y se ha abierto una nueva convocatoria para la elección de sus miembros.

Independencia es fundamental

En cuanto a dicho proceso de selección, consideró que se debe dar una importancia mayor a la trayectoria y el pasado de los postulantes, antes que a los conocimientos académicos. “Debe darse importancia sobre todo a las relaciones y trayectoria de los postulantes a fin de garantizar la independencia de estos”, agregó.

Asimismo, recordó que cuando se conforme la JNJ, por los primeros 18 meses ésta deberá revisar los nombramientos de jueces y fiscales designados en el último año y medio de funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dentro de los cuales figuran los fiscales Tomás Gálvez, Rodríguez Monteza y algunos magistrados de la Corte Suprema. “Es muy importante que la conformación de la JNJ garantice la independencia de sus miembros, porque eso daría oportunidad de que personas que se favorecieron de blindajes al fin sean investigadas”, concluyó.

Purizaga señaló que toda la crisis del sistema de justicia se origina por las redes que conectan a autoridades y procesados y por la falta de procedimientos de selección transparentes. Citó como ejemplo lo sucedido con Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien ha sido cuestionado por tener una trayectoria más cercana al mundo empresarial. “No tiene un perfil de abogado constitucional, más parece un abogado corporativo. Un miembro del TC tiene que ser abogado, pero los criterios para su selección no pueden ser solo que sepa de derecho, sino que sobre todo tenga independencia. Se debe tener en cuenta la trayectoria y el pasado de los postulantes”, apuntó.

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