26 Septiembre, 2017
  El Instituto de Defensa Legal – IDL, la Comisión Episcopal de Acción Social- CEAS, el Vicariato Apostólico de Jaén y otros particulares presentarán mañana a las 9:00 a.m. los informes orales ante la Corte Suprema por los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de 2009, donde fallecieron 12 efectivos de la DINOES de la Policía Nacional del Perú.     Al respecto, el abogado Juan José Quispe del IDL, sostiene que el Tribunal supremo de conformidad en parte con lo dictaminado por el Fiscal Supremo en lo Penal, debe CONFIRMAR en todos sus extremos la sentencia absolutoria emitida el 22 de septiembre del año pasado por la Sala Penal de Apelaciones y Transitoria Liquidadora de Bagua, entre otras consideraciones por estas 10 razones fundamentales:         
12 Septiembre, 2017
Los abogados del Instituto de Defensa Legal – IDL y DEMUS, sustentarán oralmente el pedido de apartamiento de los magistrados que vienen llevando el juicio oral contra 13 militares del ejército quienes en la década del ochenta violentaron sexualmente a 9 mujeres de la localidades de Manta y Vilca, en el departamento de Huancavelica. La cita será este miércoles 13 de setiembre a las 08.00 am en la Sala Penal Nacional.   Como se recuerda, la semana pasada la defensa de las víctimas presentaron por escrito la recusación contra los magistrados del colegiado de Derechos Humanos de la Sala Penal Nacional y será en la sesión de audiencia programada para el día de mañana que deberán pedirle a los magistrados se aparten de seguir conociendo el proceso dado que dudan sobre su imparcialidad al no permitir la actuación de pruebas testimoniales que les permitan demostrar el contexto socio político en que se produjeron los actos contra la libertad sexual de las agraviadas.
08 Septiembre, 2017
Frente al asesinato de seis agricultores en el caserío de Bajo Rayal (Nueva Requena, Ucayali) el pasado 1 de septiembre, presuntamente motivado por el tráfico ilegal de tierras para la instalación de monocultivos agroindustriales en la zona, el Instituto de Defensa Legal debe señalar lo siguiente: 1. El tráfico ilegal de tierras en Ucayali es un problema endémico, que afecta a pueblos indígenas y agricultores, quienes continuamente deben soportar las agresiones de sujetos fuera de la ley. Mediante la intimidación y la violencia, son despojados de sus tierras para venderlas ilegalmente a terceros, que desarrollan actividades como la agroindustria, la tala y el narcotráfico. En el área de Nueva Requena, donde ocurrieron los hechos, esta es una situación común, en especial por el auge del cultivo de palma aceitera.
18 Julio, 2017
El jueves pasado el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche y dispuso 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, en el marco de la investigación por lavado de activos que se sigue en su contra. Rechazamos dicha decisión porque, como se demostrará en las líneas que siguen, no se cumplían los requisitos mínimos para sostenerla, hecho que también ha sido advertido por una mayoría de especialistas en el tema. Pero además, porque ha puesto en evidencia la existencia de un doble estándar: mientras en este caso primó el empeño –absolutamente injustificado– de enviarlos a la cárcel, las investigaciones vinculadas a Fujimori y García, pese a indicios en su contra, se dejan de lado.
03 Julio, 2017
Ante la remoción de Edgar Alarcón Tejada como Contralor General de la República, por 22 votos a favor, 1 abstención del congresista Bienvenido Ramírez y 0 abstenciones en la Comisión Permanente del Congreso, el Instituto de Defensa Legal – IDL debe señalar enfáticamente lo siguiente:
02 Mayo, 2017
La aparición repentina de algunos audios que contienen escuchas telefónicas realizadas al entonces candidato a la Presidencia de la República Ollanta Humala Tasso que acreditarían la compra de algunos testigos para que varíen sus declaraciones en el proceso judicial en el caso de los desaparecidos en la Base Militar de Madre Mía el año 1992, durante el régimen de Alberto Fujimori, se debería convertir en el elemento probatorio que permita la reapertura del caso.  
09 Febrero, 2017
El Poder Judicial ha señalado que dará a conocer los nombres de los 14 jueces y juezas que integran el Nuevo Sistema Anticorrupción, encargado de procesar los casos relacionados a la corrupción del caso Odebrecht y otras empresas brasileras; es decir, casos de corrupción que involucran a tres periodos de gobierno presidencial. La Lista, según ha indicado el Presidente del Poder Judicial, ha sido elaborada originalmente por la jueza Coordinadora del sistema, la Dra. Susana Castañeda Otsu, quien la ha puesto en su conocimiento para su observación, luego de lo cual sería presentada al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancia que representando a cada uno de los estamentos de la judicatura, la aprobaría. Se ha tenido en cuenta para la formación de la lista, según se nos ha indicado, el récord disciplinario, los currículos vitae, las capacitaciones, entre otros.
02 Febrero, 2017
El Colegiado "B" de Derechos Humanos, presidido por los jueces superiores Miluska Cano (Presidenta), Omar Pimentel y Otto Verapinto darán inicio a un nuevo juicio oral en virtud a lo dispuesto por la Corte Suprema, que declaró nula la sentencia de fecha 4 de febrero del 2015 que condenó al policía Diopoldo Aguilar Camacho como autor del delito de Lesiones Graves en agravio de Gerson Falla Marreros, siendo absueltos el resto de acusados.  La cita será mañana viernes 3 de febrero del 2017, a las 10.00 de mañana en la Sala Penal Nacional ubicado en la cuadra 2 de la Av. Uruguay. 
04 Noviembre, 2016
1. Las organizaciones de la sociedad civil, quienes suscribimos el presente comunicado, informamos a la opinión pública que en reiteradas ocasiones hemos solicitado al Ministerio del Interior el acceso a los convenios celebrados por la Policía Nacional y empresas extractivas. Sin embargo, a la fecha no hemos obtenido respuesta. Esta situación nos reafirma el carácter secreto de estos convenios.   2. En efecto, desde agosto de 2015 solicitamos la entrega de los convenios celebrados por la Policía Nacional y las empresas Minera Yanacocha S.R.L. (Cajamarca), Compañía Minera Antapaccay S.A. (Cusco), Pluspetrol Norte S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A. (Loreto) y Southern Perú Cooper Corporation (Arequipa). Hasta el momento no hemos tenido acceso a ellos. Con esta actuación el Estado está violando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Constitución Política.  
31 Octubre, 2016
Como bien se sabe, la protesta social en el país ha sido fuertemente criminalizada. La situación se agrava en espacios rurales, donde la presencia del Estado es poca (o nula) y las carencias sociales, más apremiantes. Aún peor, este problema se recrudece en zonas donde la Policía Nacional y empresas extractivas han celebrado convenios de prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial. Cajamarca, donde opera la empresa minera Yanacocha desde 1993, es un claro ejemplo al respecto. Durante los últimos años, decenas de ciudadanos y ciudadanas han sido muertos o lesionados en conflictos con policías. En todos estos casos, la Policía ha actuado solo como guardia de la empresa minera, mas no al servicio de la población en general.