06 Septiembre, 2018

La Sala Primera del Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya, de Ucayali, contra la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), la empresa Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur P.) y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esta demanda fue elaborada con el apoyo del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas.

La comunidad solicita al Tribunal que declare la nulidad de las constancias de posesión otorgadas por la DRAU a 222 presuntos traficantes de tierras, y de los contratos de compraventa celebrados entre éstos y Plantaciones de Pucallpa, empresa dedicada al cultivo de palma aceitera. Pide, además, la paralización de las actividades de la empresa, que a la fecha ha deforestado más de siete mil hectáreas de bosques amazónicos.

Actualmente, la comunidad shipibo-conibo Santa Clara de Uchunya sufre los efectos del despojo de sus tierras y la pérdida de bosques. La falta de seguridad jurídica sobre su territorio ancestral ha propiciado el tráfico ilegal de tierras para la instalación de palma aceitera y otros monocultivos en la zona, generando un clima de inseguridad y violencia para los miembros de la comunidad. Desde la presentación de la demanda, dirigentes y aliados han denunciado agresiones y amenazas en su contra.

Con esta demanda, la comunidad exige al Estado que tome acciones inmediatas para promover el desarrollo sostenible y detener el tráfico ilegal de tierras que pone en peligro los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía. En ese sentido, la admisión a trámite permitirá que el pueblo shipibo-conibo sea escuchado por el Tribunal Constitucional y obtenga un pronunciamiento de fondo. La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y el IDL ratifican la solidez de la demanda y confían en que la sentencia del caso constituya un precedente para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas peruanos.

 

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IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.