07 Enero, 2019

 

1.El Ministerio Público se encuentra actualmente inmerso en una grave crisis de legitimidad nunca antes vista. Para garantizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales (la titularidad de la acción penal y la persecución del delito), el Fiscal de la Nación, como persona que representa a la institución, debe tener la mayor solvencia moral así como trayectoria democrática incuestionable.

 

2.El fiscal Pedro Chávarry no se ajusta a ese perfil, establecido en la Constitución. No solo mintió sobre los hechos de los “CNMaudios”, sino que la propia Fiscalía lo señala como presunto integrante de una red de corrupción, por lo que debería apartarse del cargo. A eso se suma el constante acoso que padecen los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato y su retiro injustificado el 31 de diciembre de 2018, así como el evidente blindaje político en el Congreso, que está abdicando de sus funciones de fiscalización y sanción.

 

3.Por toda esta situación de urgencia y de excepcionalidad descrita, estamos de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo, ya que busca salir de la crisis, de forma pertinente y necesaria.

 

4.A favor de la constitucionalidad de la propuesta presentada por el Ejecutivo, es necesario considerar las circunstancias de urgencia y excepcionalidad ya mencionadas, así como el hecho de que el principio de autonomía de las instituciones no es ilimitado. Si esta autonomía es utilizada para amparar la corrupción, es necesaria una ponderación, teniendo en cuenta otros valores constitucionales como el estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la proscripción de la arbitrariedad, el derecho a la verdad, la función de la Fiscalía consagrada en la Constitución. Además, ha quedado acreditado que los mecanismos de control no funcionan en los hechos, y están garantizando la impunidad y el encubrimiento en lugar de los derechos fundamentales y la institucionalidad.

 

5.Asimismo, nos parece importante tomar en cuenta las diversas iniciativas y posiciones que se vienen generando, tales como: i) la diferenciación de las medidas a adoptarse con relación a los fiscales que vienen siendo investigados por estar vinculados a la red de “los cuellos blancos del puerto” o que están vinculados a los CNMaudios, frente a otros que no están comprendidos en situaciones de ese tipo; ii) los mecanismos que harían posible que la Junta de Fiscales esté compuesta por fiscales supremos provisionales; iii) la posibilidad de una autofiscalización por parte de los fiscales de la actual Junta de Fiscales Supremos, siempre y cuando se cumpla con los objetivos esenciales señalados en la propuesta del Ejecutivo. 

 

6.Existe responsabilidad directa del Congreso de la República en esta crisis y la dificultad de salir de ella, sobre todo de los partidos Fuerza Popular y el Apra, por no haber tramitado y resuelto objetivamente las denuncias constitucionales existentes sobre el fiscal Chávarry. 

 

7.Es evidente la necesidad de una reforma estructural e integral del sistema de justicia y su sistema de control, especialmente del Ministerio Público. Una reforma de su ley orgánica es necesaria a fin de que los hechos que hoy vemos no se repitan.

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