04 Diciembre, 2018

Este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República elegirá a la persona que se encargará de dirigir el gobierno judicial nacional por los siguientes dos años. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal – IDL señala:

1.  Estamos a tan solo dos días de la presente elección y, a pesar de los esfuerzos personales y aislados de unos pocos magistrados, esta se va a desarrollar sin un reglamento mínimo que permita conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas de trabajo, cuáles son los casos en los que han participado y, sobre todo, quiénes son los supremos que apoyan tal o cual candidatura.

 

2.  Lo anteriormente mencionado pone en grave riesgo el proceso de reforma iniciado en el Poder Judicial, luego de la renuncia del expresidente Duberlí Rodríguez. Según se conoce, los CNMAudios comprometerían a un grupo de actuales jueces supremos cuya responsabilidad aún no ha sido investigada, y que, peor aún, formarían parte del plan del exjuez César Hinostroza para lograr una hegemonía en el Poder Judicial. Hay jueces supremos que aparecen en los audios y que fueron nombrados en los años 2015 y 2017 por el Consejo Nacional de la Magistratura dirigido por el hoy procesado Guido Aguila. ¿Por quién votarán estos magistrados, y cuáles serán las razones de su voto?

 

3.  El escándalo de los CNMAudios evidenció cómo una red de corrupción utilizó ciertos espacios para avanzar en el sistema de justicia, siendo la elección de las autoridades del gobierno judicial uno de ellos. Este hecho, sumado al escenario actual de importantes procesos judiciales en curso por los caso CNMaudios y Lava Jato, exige que la presidencia del Poder Judicial recaiga en quien garantice independencia y la continuidad del proceso de reforma iniciado. Esta persona debe estar lejos del más mínimo cuestionamiento y, además, debe ser alguien que con sus acciones en contra de la corrupción haya generado la confianza y la legitimidad ciudadana.

 

4.  Esta elección de la Presidencia de la Corte Suprema, así como las de 35 Cortes Superiores, es crucial para el país, y debe realizarse en base a las trayectorias reconocidas, un requisito esencial que ha sido solicitado públicamente por la Asociación de Jueces para la Justicia y  Democracia (JUSDEM), y que compartimos. Además, coincidimos con que no se puede considerar como una reelección a la Presidencia, sea de la Corte Suprema o de la Corte Superior, una encargatura surgida de una situación excepcional, tal como ha establecido la R. A. Nº 275-2018 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para la elección en las Cortes Superiores.


5.  Por estas razones objetivas, el IDL considera que dichas garnatías de independencia y liderazgo anticorrupción se condicen con el trabajo que viene realizando el juez supremo Víctor Prado saldarraiga, quien de resultar favorecido por el voto de sus pares deberá reimpulsar el camino emprendido en la agenda anticorrupción con miras a una reforma integral del sistema de justicia que incluya la presupuestal y la laboral.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.