17 Octubre, 2018

El Instituto de Defensa Legal – IDL solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección en favor del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez.


El pedido se fundamenta en las violaciones que el Estado ha cometido en contra de la labor del fiscal, en medio de las investigaciones del caso “FujiCocteles”. Estas se han agravado a raíz de la detención preliminar de Keiko Fujimori y la campaña mediática en su contra por una intervención, que sacaron de contexto, en un evento en México. Los artículos violentados son el artículo 8 (garantías judiciales, independencia) y el artículo 13 (libertad de expresión) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Las medidas cautelares que el IDL ha solicitado a la CIDH, en relación con la labor del fiscal José Domingo Pérez, consisten en: (i) el cese de las violaciones en el desempeño de su labor fiscal independiente, sean internas o externas a su propia institución, (ii) evitar su remoción o cese de las investigaciones que tiene a su cargo, y (iii) resguardar debidamente su integridad física y la de su familia.

 

Algunos de los hechos informados a la CIDH son: la intromisión de nueve congresistas fujimoristas en la diligencia fiscal de allanamiento de los locales de Fuerza Popular en diciembre del año pasado, la impunidad en la investigación de esa intromisión (investigación que estuvo a cargo del fiscal Pedro Chávarry), la campaña mediática en su contra a través de “fakenews”, la apertura de un expediente en la Oficina de Control Interno por haber opinado que el fiscal Chávarry no es idóneo para el cargo que ostenta, el que se haya hecho pública su dirección domiciliaria, entre otros.

 

El pedido de medidas cautelares hace énfasis en la reciente citación al fiscal por la Comisión de Defensa del Congreso, para el jueves 18 de octubre, bajo el supuesto de presuntamente haber cometido delito de apología al terrorismo, a partir de su participación en México. Esta situación puede dar pie a una arbitraria justificación, por parte del Fiscal de la Nación, para retirarlo de la investigación del caso, tal como ya ha hecho con una fiscal de su equipo de investigación.

 

El grave escenario institucional, adverso a la lucha contra la corrupción, también ha sido informado: que la investigación del fiscal José Domingo Pérez involucra al partido político Fuerza Popular, fuerza mayoritaria en el Congreso, que junto al Apra, ha blindado en el Congreso al Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, el mismo que ha sido involucrado en los “CNMaudios”.

 

Cabe recordar, que en la audiencia pública del 1 de octubre ante la CIDH (169° periodo ordinario de sesiones), el IDL presentó como la primera de cinco peticiones “Que la CIDH solicite al Estado peruano adoptar, medidas de protección, para los periodistas y las funcionarias del sistema de justicia (policías, fiscales y jueces) que están investigando esta red de corrupción, a fin de que no sean víctimas de violaciones a sus derechos ni el libre e independiente desempeño de sus cargos”.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.