20 Septiembre, 2018

El dictamen en mayoría en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que modifica varios artículos de la Ley de Hidrocarburos, afecta la institucionalidad del Ministerio del Ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Así lo afirma el documento elaborado por el Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, en el que se demuestra con ejemplos cómo no se ha respetado la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de la Corte Internacional de Derechos Humanos, y lo establecido en el Convenio 186 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proyecto presentado establece como único valor de seguridad jurídica el de las empresas, al precisar que “se deberán proteger los derechos adquiridos”. Esto quiere decir que cuando exista colisión entre las empresas extractivas y los derechos colectivos de los pueblos indígenas o la protección del medioambiente se dará prioridad a los derechos de la empresa.

Otro punto muy preocupante es que establece la flexibilización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Desconoce la regla que exige que el órgano que elabore el EIA debe ser independiente. Además, en contra de la ley actual, sostiene que en el caso de las actividades de exploración perforatoria, el instrumento que se les exige sería un EIA semidetallado o un EIA detallado dependiente del lugar. Y va más allá: modifica el punto que establece que los EIA se actualicen al quinto año y les otorga plazos más flexibles para actualizarlos.

Asimismo, el dictamen viola los artículos 14.3, 17 y 18 del Convenio 186 de la OIT, que prohíben despojar a los pueblos indígenas de sus territorios aprovechándose de su desconocimiento, en tanto establece la libertad de tránsito y la facultad de construir infraestructura en los territorios ancestrales.

Finalmente, para el Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas, esta iniciativa legislativa debió ser objeto de consulta previa porque afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas. Según el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, el TC fijó un criterio vinculante, tal como lo expone: “si es que con dichas referencias normativas se modifica directamente la situación jurídica de los miembros de un pueblo indígena, es claro que tales puntos tendrán que ser materia de una consulta”.

Lee aquí el documento: https://goo.gl/JEyh5X

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.