10 Diciembre, 2018

Los apus y madres indígenas, acompañadas de sus abogados, se han presentado en el Primer Juzgado Mixto de Nauta, Loreto, para participar en la audiencia de ejecución de la sentencia del caso Cuninico. Como se recuerda, en el año 2014 esta comunidad fue afectada por el derrame de 2500 barriles de petróleo que afectó una quebrada que comprende a las poblaciones de Cuninico, San Francisco, Nueva Esperanza y Santa Rosa.

Los pobladores informaron que ni el Ministerio de Salud ni la Dirección Regional de Salud de Loreto han cumplido con la sentencia que les ordenó implementar una estrategia de salud pública de emergencia que incluye atención médica y vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria, así como el monitoreo de los estándares de salubridad del agua y la identificación de las personas que pudieran haber sido cotaminadas por los metales pesados.

"El MINSA pretende sorprender a la jueza de Nauta al presentarle atenciones ambulatorias de rutina como parte de una estrategia que no han ejecutado", sostiene Maritza Quispe, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL. La sala ha sido muy firme y les ha dado un plazo de 30 días para que cumplan con ese compromiso.

Las audiencias especiales de ejecución de sentencia no están previstas en el Código Procesal Constitucional ni en las normas procesales. Pero estos magistrados han considerado neceario llevarla a cabo en el marco del derecho a la ejecución de sentencias, y porque además consideran que la labor del juez no termina cuando expide la sentencia, sino cuando el derecho ha sido restituido efectivamente.

El abogado Juan Carlos Ruiz manifiesta: "Este caso representa un proceso exitoso de incidencia política, que logra resultados a nivel del Estado. Son acciones legales propiciadas por los mismos pobladores. Se trata de una batalla ganada por la ejecución de sentencias a favor de los pueblos indígenas".

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.