03 Diciembre, 2018

El Primer Juzgado Civil de la provincia de Bagua notificó que declaró fundada la solicitud de medidas cautelares presentada por el apu de la comunidad indígena de Nazareth, Norberto Wamputsag.

El juzgado ha ordenado que el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección Regional de Salud de la región diseñen y ejecuten una estrategia de salud de emergencia que permita atender de manera integral y especializada la salud de la población de las comunidades indígenas awajún del distrito de Imaza, que fueron afectadas por el derrame de petróleo que ocurrió en la zona de Chiriaco, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas.

Como se recordará, el 25 de enero de 2016 ocurrió un derrame de grandes proporciones: más de tres mil barriles de crudo se vertieron al río por la corrosión del tramo II del Oleoducto Nor Peruano. Debido a ello, enormes volúmenes de petróleo se esparcieran con las lluvias desde la quebrada de Inayo y llegaran hasta el río Chiriaco y el río Marañón.

La población estuvo expuesta a las sustancias tóxicas porque no solo consumió el agua y los peces contaminados, sino que trabajó para Petroperú en la limpieza de los ríos y suelos contaminados. La empresa no les brindó los equipos de protección adecuados para esta labor. La exposición de la población awajún al crudo de petróleo está ocasionando graves impactos en la salud de las comunidades de la zona, y después de casi dos años no han recibido la atención especializada por parte del Estado.

En este proceso se ha comprobado la presencia de metales pesados en los cuerpos 25 niñas y niños de la comunidad de Nazareth y comunidades aledañas a partir de los análisis de muestras obtenidas en su sangre  y orina.

El pedido de medidas cautelares se enmarca dentro de la demanda de amparo interpuesta por las autoridades de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Pakún, Umukay, Nuevo Progreso y otras más, con la asesoría legal de un colectivo de instituciones de sociedad civil conformado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, la Coordinadora de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal, por la vulneración a los derechos a la vida, salud y medio ambiente de las comunidades indígenas.

Con este fallo judicial, las instituciones del Estado están obligadas a cumplir con las demandas de las comunidades awajún que exigen la la atención de médicos especializados y la implementación de un sistema de vigilancia sanitaria, ambiental y epidemiológica en la zona.

 

Resolución: https://www.idl.org.pe/sites/default/files/archivos/documentos/medida_ca...

IDL Artículos

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  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.