07 Diciembre, 2018

El juez supremo José Luis Lecaros ha sido elegido nuevo Presidente del Poder Judicial. La votación fue de 6 votos a favor, 7 en blanco, 1 viciado y 5 a favor de su contrincante. Frente a ello, el Instituto de Defensa Legal – IDL debe señalar lo siguiente:

 

1.- La crisis en el Poder Judicial es profunda y ha sido revelada en una de sus peores expresiones: las redes de corrupción que brindaban sistemáticamente servicios de impunidad a la criminalidad organizada. Esa realidad merecía una respuesta inequívoca y firme que la Corte Suprema se ha negado a dar con la cuestionable elección de José Luis Lecaros como su presidente.

2.- La decisión de no permitir la postulación de Víctor Prado Saldarriaga fue arbitraria. A pesar de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (máxima instancia de gobierno) señaló que, para el caso de las Presidencias de Cortes Superiores, los Presidentes nombrados por circunstancias de excepción podrían postular al no considerarse una reelección (en consecuencia, correspondía “a igual razón, igual derecho”), se hizo prevalecer un criterio distinto, violando los derechos a la igualdad, a elegir y ser elegido.

3.- En esa circunstancia, los votos en blanco y viciado fueron contraproducentes. En los hechos legitimaron una elección plagada de irregularidades. Quienes así lo hicieron actuaron de manera irresponsable, privilegiaron intereses particulares y determinaron con sus votos el resultado de la elección.

4.- Dieron su voto a favor del vocal José Luis Lecaros jueces comprometidos en el informe de la fiscal Sandra Castro del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, como Aldo Figueroa y Ángel Romero, a quien Víctor Prado Saldarriaga no pudo suspender ya que el Congreso le negó esa facultad en una actitud cómplice. Ambos vocales supremos fueron nombrados por el CNM presidido por Guido Aguila, hoy investigado y destituido.  A Ángel Romero se le escucha, en una conversación con César Hinostroza Pariachi, intercambiar opiniones sobre cómo debe de funcionar el sistema anticorrupción que coincidentemente procesa los complejos casos de lavado de activos que incorpora a altas autoridades, políticos, empresarios, entre otros.

5.- En el caso de Aldo Figueroa, además, hay que recordar su votó junto a César Hinostroza en la “casación de Arequipa”, que perjudicaba la lucha contra el lavado de activos. También en la corta lista de votos a favor de Lecaros se encuentra el juez Josué Pariona Pastrana, quien votó a favor de la reducción de penas en los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, que incluso mereció una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6.- Por estas consideraciones, estamos convencidos de que esta elección viola principios básicos del derecho y de la judicatura, pone en serio riesgo la lucha contra la corrupción y debilita el impulso, la firmeza, la transparencia y la legitimidad que se había ganado en los últimos seis meses. En ese sentido, invocamos a los magistrados y magistradas no comprometidos con estas redes de corrupción a marcar distancia y exigir una agenda con acciones muy concretas que generen la confianza que hoy la ciudadanía no tiene.


Lima 7 de diciembre de 2018

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.