30 Noviembre, 2018

 

Se ha hecho público que el presidente del Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ha convocado para el día de hoy a las 4.00 p. m. a los demás miembros del Consejo a fin de decidir si suspende o no al fiscal de la Nación. Al respecto, el Instituto de Defensa Legal[1] debe señalar lo siguiente:

1. La denuncia que enfrenta el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es por hechos que violan claramente principios y deberes éticos señalados en el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima, y que están relacionados al caso más grave de redes de corrupción en el sistema de justicia peruano desde el año 2000.

2. Nuevos hechos que reincidieron en esas violaciones, como el volver a mentir a nivel internacional vía CNN en Español, así como indicar que si era inhabilitado por el CAL al haber mentido también debieran ser inhabilitados todos los abogados, sustentaron el pedido de medida cautelar para que sea suspendido mientras dure la investigación por infracciones éticas.

3. La decisión está en manos de los siguientes abogados y abogada: Walter Ayala Gonzales (presidente del Consejo), Víctor Cabanillas Alhuay, María Vera Tudela Peña, Juan Salazar Rosales y Andy Carrasco Huamán. Todos ellos votaron por unanimidad para que se iniciara la investigación, y hoy, ante la gravedad de los hechos denunciados, la reincidencia en los mismos, el alto cargo que ocupa Pedro Chávarry en el Ministerio Público y la consecuente desestabilización y deslegitimación ocasionada ante la ciudadanía, se espera que declaren fundada la medida cautelar solicitada. El caso, por su trascendencia, no solo es de interés nacional sino también de interés y preocupación internacional.

4. Preocupa la actitud antidemocrática y difamante que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry ha tenido ante esta denuncia, que lo único que busca es el respeto irrestricto de lo más preciado que el profesional del Derecho tiene: su probidad, su veracidad y su legitimidad. En efecto, el denunciado ha señalado que los denunciantes son personas instrumentalizadas por intereses subrepticios que favorecen la corrupción, además de pretender desconocer la competencia que tiene el CAL para sancionar estas graves violaciones a la ética.

5. Esperamos que el Ilustre Colegio de Abogados de Lima esté a la altura de la gravedad de lo denunciado, teniendo en cuenta que en su momento hizo lo propio con los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y el hoy prófugo César Hinostroza. Si bien el CAL entregó el 29 de abril pasado la medalla de honor “Vicente Morales Duárez” al denunciado Pedro Chávarry (una condecoración que debiera retirársele), existen sólidos argumentos éticos y jurídicos para que la suspensión proceda mientras dure la investigación. Es un momento histórico para la profesión del Derecho, que va a marcar un antes y un después no solo para la ética sino también para el principio de igualdad ante la ley, clave para la formación de las generaciones actuales y venideras de abogados y abogadas.

 




[1]

Una de las personas que firman la denuncia ante el Ilustre Colegio de Abogados de Lima es la abogada Cruz Silva Del Carpio, integrante del Instituto de Defensa Legal.

IDL Artículos

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  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.