15 Noviembre, 2017

Frente a la reciente aprobación de la acusación contra el Fiscal de la Nación en el Congreso de la República, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que integra el IDL y otras organizaciones de la sociedad civil, se señala lo siguiente:

  • Denunciamos una estrategia de dictadura congresal en marcha. El asedio y presión que desde el Congreso de la República se ejerce contra la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y últimamente contra la prensa independiente, ponen en evidencia el verdadero rostro del autoritarismo en el Perú, que tiene como principal operador a la bancada Fujimorista del Congreso.
 
  • La aprobación de la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación por parte de la bancada fujimorista en el Congreso de la República, realizada el día de hoy 15 de noviembre, es nuevamente un grave ataque a la democracia y nos demuestra que estamos encaminados hacia una nueva forma de dictadura parlamentaria, en la cual se vienen asediando y copando los poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos.
  • Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para defender nuestra frágil democracia y sus instituciones de los golpes de la mafia y la corrupción, iniciados a raíz de las investigaciones sobre corrupción en donde se acaba de comprometer a Alan García, Keiko Fujimori y al propio Presidente de la República. Es imperativo empezar a organizarnos y promover en todas las regiones de nuestro país espacios de articulación que enfrenten y detengan los peligros del regreso del autoritarismo en el Perú, y más aún, de las investigaciones en el caso de corrupción más grande luego del Golpe de Estado de 1992. Nos costó mucho derrocar a la dictadura, 17 años después no podemos volver a esta.

Lima, 15 de noviembre de 2017

 

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.