01 Agosto, 2018

El área de Defensa Legal del IDL ha presentado un informe oral ante el juez Manuel Quintanilla Chacón, designado por la Corte Suprema de Justicia, y está a la espera de lo que él decida.

¿Por qué esta decisión es tan importante? Porque él es el magistrado dirimente, el que va a decidir si los autores mediatos de este crimen –el general Wilfredo Mori Orzo, Nelson Gonzáles Feria y Carlos Delgado Medina– son capturados y enviados a prisión o son absueltos definitivamente. Actualmente éstos y otros cinco militares más se encuentran prófugos de la justicia.

Hasta el momento solo tres responsables de esta matanza se encuentran cumpliendo su sentencia: Telmo Hurtado y Rivera Rondón, líderes de las patrullas Lince 7 y 6, respectivamente, y Vicente Chupán Herrera, que el 14 de agosto y el 13 de setiembre de 1985 perpetraron la matanza de 69 personas en esa localidad.

El 31 de agosto de 2016, los abogados del IDL habían logrado que se condene a los jefes militares y a los que ejecutaron las órdenes. El Poder Judicial había declarado que el crimen fue cometido como consecuencia de una orden proveniente del comando militar de la II División de Infantería, y Mori Orzo fue condenado a 25 años de prisión.

Pero el caso fue apelado, y el año pasado la Primera Sala Penal Transitoria emitió una decisión dividida. Los magistrados José Luis Lecaros Cornejo y Juan Chaves Zapater votaron por que se absuelva a los imputados. Por eso es que el IDL pidió la intervención de un juez dirimente, que en el más breve plazo debe zanjar el impase. En sus manos está la crucial decisión.

IDL Artículos

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  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.