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Destitución de la presidenta de Brasil es un golpe a la democracia
02/09/2016
  • Perú
Haciendo un mal uso de las instituciones y con denuncias de afectación al debido proceso, el Senado ha destituido a Dilma Rousseff, presidenta elegida democráticamente en Brasil, y de esa manera se ha hecho del poder un sector que ha sido derrotado en las elecciones en varias oportunidades. Esta es una situación que desde el Instituto de Defensa Legal (IDL) condenamos y que sienta un grave precedente en Latinoamérica.
 
Desde hace casi tres años Brasil inició una serie de investigaciones por graves escándalos de corrupción que comprometen a casi todos los sectores políticos y económicos del país, especialmente en torno al denominado caso Lava Jato. El Poder Judicial y su Procuraduría (Fiscalía) vienen librando una lucha frontal contra este fenómeno generalizado de corrupción, sin importar los poderosos intereses que existen. Expresión de esta valiente actitud es que empresarios y políticos muy poderosos están actualmente procesados y en prisión.
 
Sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff no ha sido investigada ni destituida por estos casos, pese a que una campaña de desinformación ha pretendido que así lo crea la población nacional y a quienes siguen lo que ocurre desde el exterior. Es por eso que debe quedar muy claro que el 2 de diciembre de 2015, el Congreso de Brasil empezó a debatir la destitución de Dilma Rousseff por un hecho que no tiene absolutamente nada que ver con el caso Lava Jato, sino por procedimientos en la política fiscal. Durante la investigación parlamentaria, peritos del propio Senado señalaron que la denuncia no se ajustaba a derecho ̶ pues la situación no se encuentra configurada textualmente en el artículo 85 de la Constitución brasileña ̶ , cayendo los argumentos jurídicos de los legisladores; un hecho que evidenció el motivo netamente político del proceso de destitución.
 
Creemos que las razones para la destitución de un presidente deben ser claras y gravísimas, y no es lo que ha ocurrido en Brasil. Se ha realizado un fraude a la ley que tendrá como consecuencia un grave conflicto en la población brasileña, y genera un clima de incertidumbre política en todo Latinoamérica. La sociedad civil no puede ser ajena a este hecho.
 
Lima, 2 de septiembre de 2016