29 Octubre, 2018

 

La semana pasada en la sede del Tribunal Constitucional de Arequipa se realizó la audiencia en la que se presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el tercer párrafo del artículo 200 del Código Penal.

La demanda fue presentada por el Colegio de Abogados de Puno, con el respaldo de las organizaciones de derechos humanos del sur andino, y con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal que está elaborando el alegato escrito.

El artículo 200 establece que las tomas de carreteras y de locales públicos constituye delito de extorsión, y por la gravedad de las penas que se le atribuye existe el peligro que la fiscalía pida prisión preventiva para los acusados. Los defensores medioambientales que bloquean una carretera, o los maestros que toman un local pidiendo aumento de sueldo, pueden ser acusados de extorsión.

Según el Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, “la resolución del TC es importante porque el criterio que desarrolle se debe aplicar también cuando se pretenda imputar la comisión de delitos a los disturbios (artículo 315 del Código Penal) y entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos (artículo 283 del Código Penal)”.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.