26 Julio, 2018

Hace más de dos años, Gustavo Gorriti y Romina Mella publicaron una serie de notas relacionadas al caso Odebrecht, en las que implicaban a los empresarios Gonzalo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi en la creación de empresas off shore vinculadas a la empresa brasilera.

En mayo de 2016, los aludidos interpusieron una querella en contra de los dos periodistas por difamación y calumnia, que fue admitida por el juez del 22 Juzgado Penal de Lima. Dos años después, los querellantes plantean una recusación para cambiar de juzgado, ya que dudan de la imparcialidad del juez, quien, además de no archivar el caso ante las evidencias presentadas por Gorriti y Mella, decidió inhibirse del mismo.

El 18 de julio de este año el expediente se traslada al 42 Juzgado Penal, pero el juez a cargo, César Augusto Lozano Vásquez, alega que no hay motivos legales para que el juez del 22 Juzgado se inhiba, y eleva la consulta a la instancia superior, es decir, a la Tercera Sala Penal Superior de Lima.

La demanda contra IDL-Reporteros es una clara expresión de la incomodidad que genera el periodismo de investigación en ciertas esferas del poder vinculadas a actos de corrupción que ahora son materia de investigaciones en el Ministerio Público.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.