23 Julio, 2018

Gustavo Gorriti y Romina Mella, periodistas de IDL-Reporteros, presentaron una demanda para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio del trabajo periodístico, tras la difusión de los #CNMAudios, donde se escuchan a jueces supremos, fiscales y políticos, negociar sentencias y cargos claves en el Poder Judicial y la Fiscalía.  

Los periodistas demandan al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Rolando Reátegui Flores; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; y los fiscales Jaime Alcides Velarde Rodríguez y Norah Ildaura Córdova Alcántara.

Esta demanda se realiza luego de que, el 11 de julio, el fiscal Rodrigo Rurush visitara las instalaciones del Instituto de Defensa legal, sin una orden judicial o fiscal que la sustente y que la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, solicitara la remisión del integro de los audios; así como que obligara a indicar cómo se entregaron, dónde, cuándo y a través de qué medio.

A esto se suma, la invitación de Gorriti a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para que informara la forma y circunstancias en que obtuvo los audios.

Todas estas acciones son actos de intimación a los demandantes. Este es un riesgo de censurar la labor periodística en el país y menoscabar el crítica y denuncia periodística, ambas necesarias para el funcionamiento de la democracia.

El Estado tiene la obligación de garantizar a los periodistas el ejercicio de su profesión con libertad y, por tanto, se condena cualquier actuación que suponga una afectación de sus actividades.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.