30 Noviembre, 2018
El Observatorio Internacional para Abogados en Riesgo envió una carta al presidente del Poder Judicial, Víctor Prada Saldarriaga, con copia a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud. En ella muestra su preocupación por el caso del abogado del IDL Juan Carlos Ruiz Molleda, contra quien el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud interpusieron una demanda en la que lo acusan de haber utilizado un documento falso para relatar la grave situación de contaminación ambiental ocurrida en la provincia de Espinar, en el Cusco. 

El Observatorio Internacional para Abogados en Riesgo es una iniciativa del Consejo Nacional de Abogados de Francia, el Colegio de Abogados de París, el Consejo General de la Abogacía Española y el Conziglio Nazionale Forense de Italia. Se creó en el 2015 para defender a los abogados amenazados en el ejercicio de su profesión y denunciar situaciones que infrinjan los derechos de la defensa.


 

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.