08 Noviembre, 2018

La audiencia de control de la acusación que el Ministerio Público ha presentado contra el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y el médico Fernando Osores Plenge, por el supuesto delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud, realizada hoy, se concentró en los numerosos cuestionamientos formales y sustanciales al contenido de la acusación.

 

Los cuestionamientos a la imputación de la Fiscalía fueron realizados tanto por la defensa de Ruiz y Osores, como por el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa.

 

La Fiscalía no solo había presentado la acusación por el delito de falsificación de documentos [art. 427, primer párrafo del Código Penal] cuando esa imputación había sido archivada por el propio Ministerio Público, sino que al momento de sustentar que ello se debía a un error material, ya que la acusación solo podría proceder por el delito de uso de documento público falso [art. 427, segundo párrafo], decidió presentar acusación por ambas figuras delictivas. Esto último tuvo que ser desestimado inmediatamente por el Juzgado, ya que no se había presentado sustento fáctico alguno que sostuviera esa imputación, tal como la propia defensa de Ruiz y Osores había señalado.

 

De igual modo, la defensa destacó que durante la presentación oral de la acusación la Fiscalía había señalado que en la publicación realizada el 4 de agosto de 2015 se había utilizado el Informe 100/10 del 31 de agosto de 2015, lo cual resultaba materialmente imposible, precisando que el documento que realmente se utilizó fue un informe del 31 de enero de 2011 entregado a la señora Margarita Cccahuana Córdova.

 

“Este hecho demuestra que la Fiscalía no ha tenido ni el cuidado ni la necesaria precisión sobre los términos de la acusación”, enfatiza el doctor Carlos Rivera. abogado de Ruiz y Osores.

 

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso los argumentos por los cuales considera que los documentos son falsos. Sobre el certificado de defunción, la Fiscalía sostiene que el doctor Julián Olave Tapia, quien fue el que suscribió dicho documento, luego se retractó.  Respecto al Informe 100/10, señaló que los originales los elabora el SENSOPAS y que los funcionarios de dicha entidad pública sostienen que son falsos. Ante ello, el juez preguntó si sería probable que la retractación del médico Olave pudiera considerarse como una autoinculpación (algo proscrito del orden legal y constitucional) y también preguntó si existía alguna pericia a través de la cual se pudiera acreditar la falsedad de dichos documentos.

 

“Si bien la audiencia ha sido suspendida hasta el 30 de noviembre, se ha puesto en evidencia una grave inconsistencia del contenido de la acusación, algo que ha sido advertido por el juez de investigación preparatoria, y la falta de evidencia probatoria que sustente esa acusación”, sostiene Carlos Rivera.

 

 

 

 

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.