04 Diciembre, 2018

El XXVI Congreso de Acción comunal reunió a representantes de más de 1500 organizaciones de todo el país, y fue organizado por  Jorge Emilio Rey Ángel, el gobernador del departamento de Cundinamarca que está ubicado en la región central del país, a pocas horas de Bogotá.

Las juntas de acción comunal son organizaciones que nacieron en esa región hace 60 años, y hoy son más de cincuenta mil en todo el país. Su lema es "60 años construyendo paz y desarrollo en comunidad".

Nancy Mejía participó en el panel de expertos internacionales que hicieron conocer las experiencias exitosas de sus países. Ella habló de las juntas vecinales, su formación y consolidación, aspectos reunidos en el libro "Héroes anónimos. La Historia de las juntas vecinales en el Perú".Además de la representante peruana, estuvo uno de Chile,de México y de Costa Rica.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.