17 Diciembre, 2018

La Corte Suprema no se ha puesto de acuerdo sobre la sentencia del juicio Curva del Diablo, que exculpó a 53 indígenas awajun, a quienes la Fiscalía había acusado por el famoso Baguazo, ese violento desalojo de la carretera ordenado por el gobierno de Alan García el 5 de junio de 2009 en la Curva del Diablo, que dejó 33 muertos.

El Ministerio Público apeló el fallo ante la Corte Suprema. Dos de los magistrados, Calderón Castillo y Chávez Mella, emitieron su voto para que no se declare nulo el proceso. Ellos consideraron que la sentencia recoge el contexto y la cosmovisión awajun, y respaldan la interpretación del juez Gonzalo Zabarburú, presidente de la Sala de Bagua, quien, a lo largo de los dos años que duró el juicio, fue entendiendo que para este pueblo la defensa de su territorio está por encima de sus vidas.

Los otros tres jueces, entre los que se encuentra el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, sostienen que la sentencia no ha estado bien fundamentada y que no se han tomado en cuenta algunos testimonios que esclarecen el delito de la tenencia ilegal de armas, y que asimismo no se han considerado hechos que responsabilizan a los acusados de los delitos de motín y disturbios.

Ante esta diferencia de opiniones, debe darse un voto dirimente. La jueza designada para hacerlo el 27 de diciembre es Iris Pacheco Huancas, que ha hecho su carrera en el Poder Judicial del Cono Norte de Lima, y que hace dos años fue promovida a la Corte Suprema.

La posible nulidad de la sentencia colisiona con la idea del pluralismo jurídico que cuestiona siglos de homogenización de la justicia. Todos los avances en materia de interculturalidad, comenzando por la consulta previa y la aceptación de la justicia consuetudinaria, serían cuestionados.

“Sería un golpe tremendo para los dirigentes awajun que confiaron en la justicia peruana y que sintieron que por fin eran considerados ciudadanos de este país. Nosotros demostramos que esas 53 personas eran inocentes. Los verdaderos culpables nunca fueron identificados porque la investigación que realizó la Fiscalía fue apurada y mal hecha. Si se declara nula la sentencia se tendrá que realizar otro juicio, y todo el esfuerzo que hicieron estas personas por trasladarse desde su comunidad a la ciudad de Bagua, el desgaste emocional y el tiempo perdido será irrecuperable”, sostiene Juan José Quispe, abogado del IDL que defendió a un grupo de dirigentes responsabilizados.

IDL Artículos

  • La sentencia expedida por el Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto es histórica porque se ha logrado la consulta previa del megaproyecto de infraestructura pública Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, pero además porque ORPIO ha logrado un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias aprobadas por el Gobierno y por el Viceministerio de Interculturalidad, que prohibían la consulta de proyectos de infraestructura pública en territorios indígenas.   1. ¿Qué ha dicho la sentencia del Poder Judicial?
  • "Mujeres en prisión: evidencia, incidencia y reforma”. En este seminario se discutieron temas de fondo como la creciente tendencia en el encarcelamiento de mujeres alrededor del mundo, la situación actual de las mujeres en prisión, las condenas de las mujeres, las tendencias en los delitos cometidos por las mujeres, las condiciones de detención en la que se encuentran, los roles y temas familiares,  las mejoras en las condiciones de prisión, la rehabilitación y reintegración de las mujeres que salen de prisión.
  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.