30 Noviembre, 2018

Nueve familiares y un sobreviviente del caso "Universidad Nacional del Centro" fueron acompañados por el abogado del IDL, Sigfredo Florián, y de la abogada del CEAS, Gery Vásquez, a la presentación de la acusación judicial en la Sala Penal Nacional de Lima. Se trata de un documento de 256 páginas elaborado por el fiscal Jesús Prado, que incluye los casos de 68 víctimas, de los 170 que fueron torturados y asesinados en la Universidad Nacional del Centro, Huancayo, entre 1989 y 1993, años en los que el Ejército Peruano implementó una política sistemática de desapariciones forzadas, basada en manuales, que tuvo el mismo modus operandi y que fue aprobada por los más altos mandos de esa institución en la región central del país.

Los acusados son: el general Manuel Jesús Delgado, jefe político militar del Mantaro de 1989 a 1990. Elías Fernando Espinoza, jefe del Estado Mayor de operaciones de la 31 Brigada de Infantería en 1990. El general Luis Augusto Pérez Documet, jefe del Comando Político Militar del Mantaro en 1991. Manuel Juan Dill'erva, jefe del Estado Mayor del Comando Político Militar del Mantaro en 1991. Luis Manuel Delgado, jefe del Comando Político Militar del Mantaro en 1992. Danilo Nicolás Gonzales, jefe del destacamento de inteligencia de la 31 Brigada de Inteligencia en 1991 y 1992. Boris Adolfo Rojas, jefe de la base de acción cívica de la UNCP del Ejército Peruano en 1992 y 1993. El general Roban Jaime Soldevilla, jefe político militar del Mantaro en 1993 y 1994. 

Se trata del caso de derechos humanos más voluminoso del sistema penal de derechos humanos por la cantidad de víctimas, y el más importante de desaparición forzada que se haya llevado en el Perú. La acusación precisa los hechos criminales y la responsabilidad individual de ocho militares, la mayoría generales y jefes político- militares del Mantaro. "Es un caso muy complejo porque el evento delictivo duró cinco años seguidos", sostiene Carlos Rivera, responsable del Área Legal del IDL.

En dicha audiencia estuvieron presentes los abogados del general Pérez Documet y del general Jaime Sobrevilla, solo dos de los ocho militares acusados. Ellos hicieron algunas observaciones de forma a algunos puntos específicos de la acusación. Los magistrados de la sala van a revisarlas. Luego de ello, emitirán una resolución en la que indicarán si el juicio procede y, de ser así, pondrán una fecha de inicio.

Han pasado 15 años desde que la CVR incorporó este caso en el Informe Final y lo catalogó como un crimen de lesa humanidad. 

IDL Artículos

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  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.